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Las tendencias hacia una mayor y creciente descentralización, del cual nuestro gobierno da claras muestras de haber asumido como una de las características centrales de sus realizaciones (tal como lo demuestra el reciente traspaso del sistema de protección social a las municipalidades del norte: ver www.mideplan.cl / noticias,19.02.07), han terminado por aceptarse en todo el mundo, como una de las condiciones estratégicas de las formas actuales de democracia y se han constituido en el foco de atención de todo un complejo sistema de organismos e instituciones que conjugan voluntad, recursos humanos y financiamiento para el desarrollo de estudios, metodologías, análisis y formas de implementación de esta re-forma que actúa como una clave central para avanzar en la constitución plena de sociedades de democracia avanzada: desarrolladas, equitables y basadas en derechos.
En efecto, producto de la globalización y de sus formas democráticas, las demandas por un desarrollo social equitable, acorde con necesidades imprevisibles que reflejan y actúan sobre un escenario mundial siempre cambiante y en consecuencia cada vez más complejo e incierto, hacen urgente el desarrollo de líneas teóricas y formas de acción que manifiesten una creciente flexibilidad y adaptabilidad. Ello a su vez, implica el desarrollo de personas y grupos que objetiven y sean capaces, de reflejar la condición de sus miradas, sobre la base participativa de la comprensión activa de sus contextos locales. De allí que el concepto de “autonomía”, aparezca también como una de las cualidades que deben conjugarse con la descentralización y ello, por cierto, implique el desarrollo de la capacidad de las personas a tomar decisiones oportunas, informadas y coherentes, a todos los niveles de su vida social.
En este contexto de búsqueda decidida de una creciente participación y avance de las sociedades democráticas hacia la equidad y la armonía, el rol de producir, distribuir, procesar y analizar la información a través de canales fluidos y efectivos de comunicación, que logren desplazar el centro unívoco de atención de los grandes poderes, aparece como un desafío central de la política pública contemporánea. Ello sería en rigor utópico, si no existiera la posibilidad de desarrollar de manera apropiada los nuevos dispositivos y herramientas tecnológicas de comunicación interactiva, de los que la humanidad se ha dotado en los últimos 30 años y que en nuestro país han hecho eclosión –de manera por demás sorprendente-, en los últimos 10 años.
Para dimensionar el impacto de las nuevas tecnologías, bástenos recordar tan solo que en 1998 había 150 mil conexiones a Internet y que al 2006 se cuentan cuatro millones, para no decir nada de los teléfonos celulares, que de caros productos para una reducida elite, hoy llegan a los 12 millones en el país, con uno de cada dos niños de edad escolar que lo posee. Sin duda que este hecho llama a convocar una reflexión activa e innovadora acerca de la mejor forma de utilizar estos recursos socialmente disponibles en beneficio de las personas y los intereses superiores del servicio público. Nuestro gobierno (los gobiernos democráticos: el ejercicio de poder de la Concertación) destaca con seriedad y constancia la comprensión que tiene de esta situación. Es así que más allá de la retórica, plasma con hechos constatables la dimensión estratégica que a esta dimensión otorga.
Si el Artículo 8 de la Nueva Constitución Política de la República (2005), determinaba el marco de importancia -y dotaba del mecanismo legal necesario para su materialización-, a la transparencia y la probidad de la función pública, el Instructivo Presidencial sobre "Transparencia Activa", del 04.12.2006, lo asume con realismo y precisión, objetivando el llamado histórico a constituir un Estado de las personas. Con este instructivo presidencial, la presidenta Bachelet, conjuga los principios teóricos con su aplicabilidad práctica y al dar muestras concretas del desarrollo creciente, de una estrategia, realiza un aporte no menor hacia la plena conformación de la Sociedad del Conocimiento. En efecto, dicho instructivo presidencial, dice: “La Transparencia Activa, esto es la publicidad de la información por parte de los organismos públicos, de propia iniciativa y sin necesidad de requerimiento alguno, permite acercar la información a las personas, garantizarles el acceso a ella por medios expeditos y gratuitos y dar mayor concreción al principio de transparencia”. En el punto 5 del siguiente trabajo entregamos estos antecedentes -a los cuales la presentación de este sitio responde como un eco-, con mayor detalle.
En efecto, producto de la globalización y de sus formas democráticas, las demandas por un desarrollo social equitable, acorde con necesidades imprevisibles que reflejan y actúan sobre un escenario mundial siempre cambiante y en consecuencia cada vez más complejo e incierto, hacen urgente el desarrollo de líneas teóricas y formas de acción que manifiesten una creciente flexibilidad y adaptabilidad. Ello a su vez, implica el desarrollo de personas y grupos que objetiven y sean capaces, de reflejar la condición de sus miradas, sobre la base participativa de la comprensión activa de sus contextos locales. De allí que el concepto de “autonomía”, aparezca también como una de las cualidades que deben conjugarse con la descentralización y ello, por cierto, implique el desarrollo de la capacidad de las personas a tomar decisiones oportunas, informadas y coherentes, a todos los niveles de su vida social.
En este contexto de búsqueda decidida de una creciente participación y avance de las sociedades democráticas hacia la equidad y la armonía, el rol de producir, distribuir, procesar y analizar la información a través de canales fluidos y efectivos de comunicación, que logren desplazar el centro unívoco de atención de los grandes poderes, aparece como un desafío central de la política pública contemporánea. Ello sería en rigor utópico, si no existiera la posibilidad de desarrollar de manera apropiada los nuevos dispositivos y herramientas tecnológicas de comunicación interactiva, de los que la humanidad se ha dotado en los últimos 30 años y que en nuestro país han hecho eclosión –de manera por demás sorprendente-, en los últimos 10 años.
Para dimensionar el impacto de las nuevas tecnologías, bástenos recordar tan solo que en 1998 había 150 mil conexiones a Internet y que al 2006 se cuentan cuatro millones, para no decir nada de los teléfonos celulares, que de caros productos para una reducida elite, hoy llegan a los 12 millones en el país, con uno de cada dos niños de edad escolar que lo posee. Sin duda que este hecho llama a convocar una reflexión activa e innovadora acerca de la mejor forma de utilizar estos recursos socialmente disponibles en beneficio de las personas y los intereses superiores del servicio público. Nuestro gobierno (los gobiernos democráticos: el ejercicio de poder de la Concertación) destaca con seriedad y constancia la comprensión que tiene de esta situación. Es así que más allá de la retórica, plasma con hechos constatables la dimensión estratégica que a esta dimensión otorga.
Si el Artículo 8 de la Nueva Constitución Política de la República (2005), determinaba el marco de importancia -y dotaba del mecanismo legal necesario para su materialización-, a la transparencia y la probidad de la función pública, el Instructivo Presidencial sobre "Transparencia Activa", del 04.12.2006, lo asume con realismo y precisión, objetivando el llamado histórico a constituir un Estado de las personas. Con este instructivo presidencial, la presidenta Bachelet, conjuga los principios teóricos con su aplicabilidad práctica y al dar muestras concretas del desarrollo creciente, de una estrategia, realiza un aporte no menor hacia la plena conformación de la Sociedad del Conocimiento. En efecto, dicho instructivo presidencial, dice: “La Transparencia Activa, esto es la publicidad de la información por parte de los organismos públicos, de propia iniciativa y sin necesidad de requerimiento alguno, permite acercar la información a las personas, garantizarles el acceso a ella por medios expeditos y gratuitos y dar mayor concreción al principio de transparencia”. En el punto 5 del siguiente trabajo entregamos estos antecedentes -a los cuales la presentación de este sitio responde como un eco-, con mayor detalle.
Las urgentes tareas de coordinar la interacción y dotar de contenidos adecuados, a un universo de actores socio-técnicos cada vez grande, en la medida que va incorporando en la sociedad el sentido de un Sistema de Protección Social de carácter Universal, que tiene por propósito la dotación efectiva de capacidades de gestión a las regiones y territorios y que al mismo tiempo debe ser capaz de desarrollar las visones estratégicas y prospectivas que permitan enfrentar en buenas condiciones las situaciones imprevisibles que caracterizan cada vez más el mundo global en que nos encontramos, hacen inequívocamente, que los grandes temas de la “transmisión” (más que de la comunicación, es decir de dotar de contenidos humanos a las redes tecnológicas: ver Régis Debray, “Introducción a la Mediología”. Paidos, Bs.Aires 2001) se encuentren llamados a ser el punto de convergencia de las necesidades humanas, las honestas voluntades políticas y las estrategias metodológicas que se requieran para solucionarlas.
Mideplan quien se encuentra a la vez a la cabeza y en el corazón de las Políticas Sociales en Protección Social, por cuanto la presidenta le ha otorgado la gran tarea de ser el ente institucional que diseña políticas, que las implementa y que posteriormente las pone en coordinación con el conjunto de los actores públicos para que se ejecuten y se plasmen directamente por aquellos organismos más especializados en cada una de las temáticas, será en consecuencia el coordinador, de las políticas que en esta perspectiva, defina el gabinete Social y que van a seguir siendo aplicadas desde los respectivos ministerios, que conforman los cuatro ejes de la protección social. De manera adicional Mideplan asume el rol de evaluación del impacto de lo que son las políticas públicas en materia de protección social. Esta nueva mirada, ya no desde el punto de vista de las carencias, sino que de las vulnerabilidades acerca de las condiciones de vida de una gran parte de nuestros compatriotas, se plasma por ejemplo, en un instrumento que permite medir la realidad de manera diferente de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Es así como entre este año y el próximo se aplicará la ficha de protección social cuyos resultados permitirán al país disponer de una sólida base de mediciones efectivas y ajustadas a las nuevas condiciones sociales, para focalizar recursos y diseñar las nuevas políticas públicas. En efecto, Mideplan tendrá un gran rol articulador de programas sociales que, sin ponerlo en el papel de ejecutor directo, tendrá la capacidad presupuestaria para ir asignando recursos para la ejecución de los diferentes programas que dicen relación con el sistema de protección social.
De esta manera, en el presente informe, que de acuerdo a los términos de referencia, llamamos Diseño Comprensivo de Estrategias en Protección Social (o E-DICEPS), hemos tratado de presentar algún material tomado de fuentes diversas, que aunque con distinto nivel de desarrollo analítico, permita sin embargo introducir la atención sobre temas que a nuestro parecer marcarán la agenda de los próximos años en la política Pública de Protección Social. De la suerte, hemos querido recoger la importancia de los siguientes temas: relaciones internacionales, rol creciente de la ciencia, redes electrónicas y sistemas de evaluación. Ajustando nuestra comprensión de las tendencias mundiales y los instrumentos constitucionales y mandatos presidenciales en vigor, a las capacidades de que disponemos, habilitamos un sitio web dónde este trabajo de 30 páginas se presenta (y esperamos continúe, según los avatares del suceder), y se pone a disposición de la subsecretaría, para lo que ella estime conveniente.
En la siguiente entrada el índice de materias, agrupadas según diferentes entradas.
RMH/
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