Cambio Climático 2007: Resumen para Líderes Políticos (Policymakers). IPPC.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE

Climate Change 2007: The Physical Science Basis

Summary for Policymakers

Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change

This Summary for Policymakers was formally approved at the 10th Session
of Working Group I of the IPCC, Paris, February 2007.

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http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf

E-DICEPS. 0. Presentación.

0.

Las tendencias hacia una mayor y creciente descentralización, del cual nuestro gobierno da claras muestras de haber asumido como una de las características centrales de sus realizaciones (tal como lo demuestra el reciente traspaso del sistema de protección social a las municipalidades del norte: ver www.mideplan.cl / noticias,19.02.07), han terminado por aceptarse en todo el mundo, como una de las condiciones estratégicas de las formas actuales de democracia y se han constituido en el foco de atención de todo un complejo sistema de organismos e instituciones que conjugan voluntad, recursos humanos y financiamiento para el desarrollo de estudios, metodologías, análisis y formas de implementación de esta re-forma que actúa como una clave central para avanzar en la constitución plena de sociedades de democracia avanzada: desarrolladas, equitables y basadas en derechos.

En efecto, producto de la globalización y de sus formas democráticas, las demandas por un desarrollo social equitable, acorde con necesidades imprevisibles que reflejan y actúan sobre un escenario mundial siempre cambiante y en consecuencia cada vez más complejo e incierto, hacen urgente el desarrollo de líneas teóricas y formas de acción que manifiesten una creciente flexibilidad y adaptabilidad. Ello a su vez, implica el desarrollo de personas y grupos que objetiven y sean capaces, de reflejar la condición de sus miradas, sobre la base participativa de la comprensión activa de sus contextos locales. De allí que el concepto de “autonomía”, aparezca también como una de las cualidades que deben conjugarse con la descentralización y ello, por cierto, implique el desarrollo de la capacidad de las personas a tomar decisiones oportunas, informadas y coherentes, a todos los niveles de su vida social.

En este contexto de búsqueda decidida de una creciente participación y avance de las sociedades democráticas hacia la equidad y la armonía, el rol de producir, distribuir, procesar y analizar la información a través de canales fluidos y efectivos de comunicación, que logren desplazar el centro unívoco de atención de los grandes poderes, aparece como un desafío central de la política pública contemporánea. Ello sería en rigor utópico, si no existiera la posibilidad de desarrollar de manera apropiada los nuevos dispositivos y herramientas tecnológicas de comunicación interactiva, de los que la humanidad se ha dotado en los últimos 30 años y que en nuestro país han hecho eclosión –de manera por demás sorprendente-, en los últimos 10 años.

Para dimensionar el impacto de las nuevas tecnologías, bástenos recordar tan solo que en 1998 había 150 mil conexiones a Internet y que al 2006 se cuentan cuatro millones, para no decir nada de los teléfonos celulares, que de caros productos para una reducida elite, hoy llegan a los 12 millones en el país, con uno de cada dos niños de edad escolar que lo posee. Sin duda que este hecho llama a convocar una reflexión activa e innovadora acerca de la mejor forma de utilizar estos recursos socialmente disponibles en beneficio de las personas y los intereses superiores del servicio público. Nuestro gobierno (los gobiernos democráticos: el ejercicio de poder de la Concertación) destaca con seriedad y constancia la comprensión que tiene de esta situación. Es así que más allá de la retórica, plasma con hechos constatables la dimensión estratégica que a esta dimensión otorga.

Si el Artículo 8 de la Nueva Constitución Política de la República (2005), determinaba el marco de importancia -y dotaba del mecanismo legal necesario para su materialización-, a la transparencia y la probidad de la función pública, el Instructivo Presidencial sobre "Transparencia Activa", del 04.12.2006, lo asume con realismo y precisión, objetivando el llamado histórico a constituir un Estado de las personas. Con este instructivo presidencial, la presidenta Bachelet, conjuga los principios teóricos con su aplicabilidad práctica y al dar muestras concretas del desarrollo creciente, de una estrategia, realiza un aporte no menor hacia la plena conformación de la Sociedad del Conocimiento. En efecto, dicho instructivo presidencial, dice: “La Transparencia Activa, esto es la publicidad de la información por parte de los organismos públicos, de propia iniciativa y sin necesidad de requerimiento alguno, permite acercar la información a las personas, garantizarles el acceso a ella por medios expeditos y gratuitos y dar mayor concreción al principio de transparencia”. En el punto 5 del siguiente trabajo entregamos estos antecedentes -a los cuales la presentación de este sitio responde como un eco-, con mayor detalle.

Las urgentes tareas de coordinar la interacción y dotar de contenidos adecuados, a un universo de actores socio-técnicos cada vez grande, en la medida que va incorporando en la sociedad el sentido de un Sistema de Protección Social de carácter Universal, que tiene por propósito la dotación efectiva de capacidades de gestión a las regiones y territorios y que al mismo tiempo debe ser capaz de desarrollar las visones estratégicas y prospectivas que permitan enfrentar en buenas condiciones las situaciones imprevisibles que caracterizan cada vez más el mundo global en que nos encontramos, hacen inequívocamente, que los grandes temas de la “transmisión” (más que de la comunicación, es decir de dotar de contenidos humanos a las redes tecnológicas: ver Régis Debray, “Introducción a la Mediología”. Paidos, Bs.Aires 2001) se encuentren llamados a ser el punto de convergencia de las necesidades humanas, las honestas voluntades políticas y las estrategias metodológicas que se requieran para solucionarlas.

Mideplan quien se encuentra a la vez a la cabeza y en el corazón de las Políticas Sociales en Protección Social, por cuanto la presidenta le ha otorgado la gran tarea de ser el ente institucional que diseña políticas, que las implementa y que posteriormente las pone en coordinación con el conjunto de los actores públicos para que se ejecuten y se plasmen directamente por aquellos organismos más especializados en cada una de las temáticas, será en consecuencia el coordinador, de las políticas que en esta perspectiva, defina el gabinete Social y que van a seguir siendo aplicadas desde los respectivos ministerios, que conforman los cuatro ejes de la protección social. De manera adicional Mideplan asume el rol de evaluación del impacto de lo que son las políticas públicas en materia de protección social. Esta nueva mirada, ya no desde el punto de vista de las carencias, sino que de las vulnerabilidades acerca de las condiciones de vida de una gran parte de nuestros compatriotas, se plasma por ejemplo, en un instrumento que permite medir la realidad de manera diferente de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Es así como entre este año y el próximo se aplicará la ficha de protección social cuyos resultados permitirán al país disponer de una sólida base de mediciones efectivas y ajustadas a las nuevas condiciones sociales, para focalizar recursos y diseñar las nuevas políticas públicas. En efecto, Mideplan tendrá un gran rol articulador de programas sociales que, sin ponerlo en el papel de ejecutor directo, tendrá la capacidad presupuestaria para ir asignando recursos para la ejecución de los diferentes programas que dicen relación con el sistema de protección social.

De esta manera, en el presente informe, que de acuerdo a los términos de referencia, llamamos Diseño Comprensivo de Estrategias en Protección Social (o E-DICEPS), hemos tratado de presentar algún material tomado de fuentes diversas, que aunque con distinto nivel de desarrollo analítico, permita sin embargo introducir la atención sobre temas que a nuestro parecer marcarán la agenda de los próximos años en la política Pública de Protección Social. De la suerte, hemos querido recoger la importancia de los siguientes temas: relaciones internacionales, rol creciente de la ciencia, redes electrónicas y sistemas de evaluación. Ajustando nuestra comprensión de las tendencias mundiales y los instrumentos constitucionales y mandatos presidenciales en vigor, a las capacidades de que disponemos, habilitamos un sitio web dónde este trabajo de 30 páginas se presenta (y esperamos continúe, según los avatares del suceder), y se pone a disposición de la subsecretaría, para lo que ella estime conveniente.

En la siguiente entrada el índice de materias, agrupadas según diferentes entradas.

RMH/

E-DICEPS. 1. Índice de contenidos.

Estudio - Diseño Comprensivo de Estrategias en Protección Social.
(E-DICEPS)

Rainer María Hauser.


Índice de contenidos.

1. Importancia de los procesos de globalización en el diseño de las políticas sociales.
1.1. Conocimiento y poder tecnocientífico en la democracia avanzada.

2. Gobernabilidad electrónica, definiciones y alcances.
2.1. Objetivos de la gobernabilidad electrónica.

3. El Gobierno Electrónico en Chile.
3.1. Políticas, planes y programas.
3.1.1. Organismos competentes en materia de Gobierno Electrónico en Chile.
3.1.2. Agenda de Gobierno Electrónico 2002-2005
3.1.3. Comité de Normas
3.1.4. Coordinador Gubernamental de TIC
3.2. Agenda Digital 2004-2006
3.3. Marco Legal de competencia.
3.4. Prioridades en la continuación de la estrategia de Gobierno Electrónico.

4. Consideraciones acerca de la Sociedad del Conocimiento e Internet.
4.1. La ciencia como un desarrollo en interés del público.
4.2. Iniciativas de acceso a material científico on-line.

5. Transparencia de la Gestión.
5.1. Gobierno Transparente
5.2. Un antecedente “ejemplar” a la “transparencia activa”

6. Notas sobre Monitoreo y Evaluación.

7. Por un “ayuda memoria” sobre M&E.
7. 1. Aspectos generales de Monitoreo y Evaluación (M&E)
7. 2. Marco organizacional y distribución de roles.
7.3. M&E en la función pública en Chile.
7. 4. Consideraciones sobre el SSPG.
7.5. Resumen M&E.



Santiago, febrero 2007.

E-DICEPS. 1.1. Conocimiento y poder...

1.1. Conocimiento y poder tecnocientífico en la democracia avanzada.

El conocimiento no sólo se ha convertido en una de las claves del desarrollo económico, sino que además contribuye al desarrollo humano y la autonomía (empoderamiento) de los individuos. En este sentido, mas allá de que el conocimiento aparezca como una fuente de poder desde los primeros momentos de la organización social humana, se presenta como una fuente de poder “virtual” por su capacidad de creación potencial de prevención y manejo de escenarios y porque alimenta la capacidad de acción de los grupos y las personas. El relativamente lento surgimiento de la conciencia de este hecho, así como la velocidad exponencial con que se ha empezado a postular el paso de la sociedad de la información –cuando aun no termina de instalarse…- hacia las sociedades del conocimiento, tal como lo plantea la UNESCO y otras organizaciones líderes dentro del concierto mundial, (www.wsis.org) ha llevado a una ampliación sin precedentes de las posibilidades de intervención y participación social de los individuos en las sociedades modernas, que así sea aún lejos de alcanzar el máximo sentido esperable de sus potencialidades, se plasma en primer lugar en la libertad del reconocimiento de instituciones democráticas abiertas a la participación de todos.

Desde los inicios de la historia de occidente, en la democracia ateniense, la capacidad (distintos tipos y facultades de ella) aparece como un elemento constitutivo de la ciudadanía. Así, la participación en las elecciones a lo largo de la historia –ya sea en un contexto censitario, o más o menos democrático, siempre tuvo como condición previa una determinada capacidad, cuya definición ha cambiado considerablemente con el tiempo y las circunstancias y que a no dudarlo, seguirá cambiando en los tiempos a venir. El sufragio universal que conocemos y practicamos, sólo se ha convertido en una realidad democrática efectiva con la generalización de la educación para todos y la definición de una mayoría de edad en la que los hombres y mujeres adquieren el derecho de voto, y plena posesión de sus derechos ciudadanos, ocurre en un período mucho mas reciente que lo que tendemos a pensar (y no nos referimos al reciente paso de la dictadura a la democracia). Por cierto, el que estos elementos puedan darse dentro de un contexto en el que los medios informativos sean libres e independientes, es de muchas maneras un logro al que dada su concentración en determinadas manos propietarias y situaciones monopólicas de facto, es una tarea que no hemos realizado como sociedad, pero a la cual seguiremos abocados. Los aspectos relativos a la difusión científica y a la fusión cada vez mayor de lo académico y lo político en el seno de las administraciones contemporáneas, encuentran sin duda un importante apoyo en el desarrollo de las TIC´s y particularmente de Internet, que seguirán modificando nuestros hábitos y en brindando posibilidades a la difusión del conocimiento, que, como decimos, es, ha sido y seguramente seguirá siendo cada vez más, una condición necesaria y un componente esencial en el diseño, orientación y desarrollo de las posiciones políticas en el espacio social público y la entrega de servicio con vistas al bien común de los grupos y las personas, cualquiera que sea su condición.

Aunque parezca una paradoja, por otra parte, si el conocimiento es la condición que permite identificar la capacidad de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones en una sociedad democrática, también será necesario estar atento a que las disparidades de conocimientos entre los ciudadanos de una misma democracia no conduzcan a otorgar a los que más conocimientos poseen una autoridad excesiva en el debate público. También hay que desarrollar los mecanismos de participación evaluativa necesarios para que la coincidencia histórica de las sociedades del conocimiento y de los regímenes democráticos no desemboque en un poder tutelar conferido a un círculo reducido de expertos y especialistas en asuntos públicos, como de alguna manera lo hemos visto en distintas manifestaciones recientes del ejercicio y como genéricamente se atribuye al funcionamiento de la llamada “tecnocracia”. En efecto, la autoridad de un experto dista mucho de ser siempre legítima, sobre todo cuando se aventura fuera de su ámbito de especialización y pretende ejercer un magisterio moral sobre cuestiones públicas que muy a menudo guardan relación con las preferencias colectivas y exigen acuerdos comunes de otro orden y de acuerdo a criterios de especificidad que no formaban parte de la situación de origen a la que remite el cargo y la investidura.

Una de las principales fuentes de la aparentemente creciente falta de participación social, ha sido reconocida en la generalizada sospecha de que las decisiones reales se adoptan fuera del espacio público, en función de las posiciones de distintos grupos de interés próximos a las distintas manifestaciones del poder y que en consecuencia el debate democrático sólo es una práctica puramente formal. Esta situación, en la situación de inflexión social que parece enfrentarnos a la historia, permite preguntarse si en las sociedades del conocimiento, el manejo adecuado de las fuentes de información y conocimiento, así como de los mecanismos instrumentales que permiten la generalización de las competencias técnicas, no será a su vez, el medio para impedir los abusos de poder de “expertos” y la fuerza de los grupos de presión, ya que cuando todo individuo posee el conocimiento suficiente que le permite ser capaz de evaluar el campo de especialidad y la autoridad relativa de los conocimientos técnicos de los expertos, éstos por una parte se verán “liberados” de la presión continua de tener que responder a cuestiones que no manejan, pero que se ven llevados a asumir y por la otra, cuando decidan entregar sus recomendaciones, estarán obligados a rendir cuentas al público de las repercusiones y resultados de sus recomendaciones en las decisiones colectivas, por cuanto, junto al desarrollo de las capacidades del conocimiento, se habrán desarrollado las herramientas tecnológicas que permitirán a la vez formarlo y darle continuidad.

De esta manera, es también una posibilidad abierta al futuro de nuestros desarrollos humanos, el que el desarrollo de las sociedades del conocimiento, abra camino a nuevas formas y distintos estilos de democracia más participativa, dónde las modalidades de interacción y los códigos protagónicos de su reformulación entre los distintos actores socio-técnicos, pudieran adquirir una influencia determinante, que no necesariamente habría de poner en tela de juicio las modalidades actualmente en vigor de designación de los legisladores y dirigentes y en consecuencia la legitimidad representativa que poseen en tanto pilar constitucional de las instituciones democráticas. En efecto, se trataría de conjugar las condiciones de una práctica que aparece como sólidamente respaldada por los imaginarios sociales de los colectivos y las modalidades investigativas que dieran cuenta de la utilización innovativa de las nuevas herramientas tecnológicas que la particular fusión de ciencia y tecnología producida en nuestros días, ha puesto al alcance de una cantidad enorme de personas, como una situación de transición hacia niveles crecientes -aunque eventualmente diferentes, en razón de transformaciones cualitativas-, de articulación de mecanismos conocidos y no (aún) de participación y control, pero que se dejan entrever en las posibilidades que presenta a la humanidad el desarrollo de los sistemas que utilizamos en ámbitos diferentes, pero que manifiestan cada vez más como evidencia intrínseca, su característica de convergencia.

Las condiciones de ejercicio de la “democracia técnica”, el contexto de inevitable internacionalización en que se desarrollan aún sus manifestaciones internas, así como la necesidad de hacer coincidir las opiniones de la diversidad de expertos correspondientes a los temas convergentes, para la toma de posiciones, hace que sea una característica de los “foros” (modalidad hegemónica actual de instancia de diseño de políticas y acuerdos sobre toma de decisiones), el que se presente una abigarrada heterogeneidad de protagonistas en discusiones sobre cuestiones de carácter técnico o científico y que sus resultados, aparezcan como fuente preferencial de apoyo a determinadas decisiones políticas, que en esas instancias se sustenten. La complejidad de los temas, desarrollados acumulativamente desde el siglo pasado y exponencialmente por el fermento de la tecnología de la información, encuentra en la convergencia práctica de otros saberes un escenario en el que cada vez más y hasta niveles actualmente inimaginables, la formación y el desempeño de las actividades diferenciadas que caracterizaron la ciencia “cartesiana”, se verán sustituidos por nuevas modalidades de generación colectiva de conocimientos y en los que en cada una de sus expresiones se hace cada vez mas difícil determinar si se tratará de las condiciones científicas de lo político o de las condiciones políticas de lo científico. Con el desarrollo –ya presente- de las sociedades del conocimiento, los grandes debates de política científica, requerirán de la acabada formación de un nuevo tipo de “expertos-inexpertos”, que puedan manejar la data necesaria a la comprensión de los puntos de fuga, más que abrigarse con el escudo protector de sus certezas disciplinarias. No es otra cosa lo que vemos cuando se discute de biotecnología, temas de propiedad intelectual (TRIPS), bioética, Organismos Genéticamente Modificados (OGM), nanotecnologías, etc., en los foros coinciden una amplia gama de participantes de distintos niveles, oficiales y no, expertos, políticos, organizaciones no gubernamentales, medios informativos, empresas y ciudadanos, que expresan enfoques y sostienen posiciones distintas, que se continúan más allá de esas instancias, para ir enraizándose de distintas maneras y cobrando fuerza en los distintos contextos sociales de sus proveniencias, pero que encuentran la repercusión de su práctica en la hasta hace poco inimaginable concepción sistémica (y en rigor metafísica), de un planeta dónde cada hecho está relacionado con la totalidad y donde cada persona es responsable de todos. El paradigma de ello, por cierto es la importancia creciente que adquiere en los distintos temas, el tratamiento de los temas medio ambientales. Un ejemplo tan duro como reciente de ello, es la difusión de los resultados de la investigación llevada a cabo durante seis años por distintos grupos de expertos, realizada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, de las UN en febrero en París. (IPCC/ Summary for Policymakers, en LINC: www.siischilesolidario.blogspot.com)

Sin duda que estas condiciones del “Mind-Set” contemporáneo, posibilitan nuevas formas de participación colectiva en las tareas de construcción de un efectivo Sistema de Protección Social Universal en nuestro país, que permita convocar la reflexión científica en investigaciones que aporten sustantivamente al logro de sus tareas estratégicas, así como facultan a sus autoridades a liderar el llamado a un ejercicio responsable de un conocimiento científico que para ser sustentable, no puede menos que destinar parte importante de sus esfuerzos y potenciales a la investigación aplicada en formas concretas y operativas de resolver los problemas de inequidad que enfrentamos como país, al tiempo que se implementan estrategias de difusión social de las nuevas condiciones que reconfiguran el espacio social. Mideplan, particularmente, en su rol de coordinador de la política Social, habría de sugerir a la autoridad el diseño un programa que permitiera destinar obligatoriamente un porcentaje significativo del presupuesto de la “iniciativa científica programa Millenium”, a investigación aplicada en energías alternativas sustentables directamente relacionadas con los temas de superación de la pobreza. De la misma manera, habría de ser convocada una efectiva participación productiva del Estado en la solución de los temas de la pobreza, que hiciera sustentable en el tiempo la promoción iniciada con el programa Chile Solidario y que en el estado actual, no garantiza realmente ninguna inserción efectiva y permanente en la vida social productiva, de las familias que terminen el período de asistencia y “seguimiento”. Las propuestas del subsidio hechas por la “comisión Marcel”, deben haberlo así entendido.

1.2. Finalmente, una mirada crítica sobre las enormes concentraciones y tendencias monopólicas de los nuevos “imperios” tecnocientíficos contemporáneos, así como de propuestas de acción y sugerencias a la sociedad civil y los gobiernos en el sitio www.etcgroup.org

E-DICEPS. 2. Gobernabilidad electrónica. 2.1. Objetivos

2. Gobernabilidad electrónica, definiciones y alcances.

La gobernabilidad electrónica se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado. De esta manera, se trata de estimular la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, haciendo que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz.
La gobernabilidad electrónica implica nuevos estilos de dirección, nuevas formas de debatir y decidir políticas e inversiones, nuevas maneras de escuchar a los ciudadanos y de organizar y proporcionar información y servicios.

La gobernabilidad se refiere al ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país, incluyendo la expresión por parte de los ciudadanos de sus intereses y el ejercicio de sus derechos legales y obligaciones. La gobernabilidad electrónica se puede entender como la capacidad de esta gobernabilidad, a través del medio electrónico, de facilitar un proceso de diseminación de la información eficaz, rápido y transparente para el público y otras agencias, y para desarrollar actividades administrativas eficaces por parte del gobierno.

La gobernabilidad electrónica es considerada generalmente como un concepto más amplio que el de gobierno electrónico, ya que puede traer consigo un cambio en la manera en como los ciudadanos se relacionan con el gobierno y entre ellos. La idea de adoptar las TIC es para ir más allá que la información pasiva dada hasta ahora para activar la participación en el proceso de toma de decisiones. La gobernabilidad electrónica puede presentar nuevos conceptos de ciudadanía, tanto refiriéndose a las necesidades del ciudadano como a sus responsabilidades. Su objetivo es comprometer, capacitar y dar poder al ciudadano.

2.1. Objetivos de la gobernabilidad electrónica.
Mejorar la organización de los procesos internos de los gobiernos.
Proporcionar mejor información y un mejor servicio.
Acrecentar la transparencia gubernamental para reducir la corrupción.
Reforzar la credibilidad política y la responsabilidad.
Promover prácticas democráticas a través de la participación y la consulta del público.

E-DICEPS. 3. Gobierno Electrónico en Chile

3. El Gobierno Electrónico en Chile.

En nuestro país, el principio estratégico que consolida la concepción genérica de la incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión gubernamental, como condición necesaria del proceso de modernización y establece los mandamientos para llevarlo a cabo, a través de su aplicación y desarrollo, remonta al año 2001. Aunque ha sufrido algunos cambios en su aplicación y desarrollo y su período actual se encuentra de alguna manera “inmovilizado” en desarrollos internos que nos son desconocidos, sin que haya un relanzamiento que exprese la clara voluntad política de continuar con el planteamiento inicial y desarrollar una Agenda Digital que se prolongue hasta el bicentenario (información disponible y “actualizada” en www.modernización.cl) Es pertinente recordar los lineamientos generales del proceso que precede, tanto por la calidad de su diseño, como por el inevitable impacto que ha producido en nuestra forma de hacer las cosas y porque a no dudarlo, continuará siendo el referente histórico de los desarrollos posteriores que habrán de producirse. Diversas organizaciones internacionales, como el CLAD y el SIARE, por ejemplo, así como estudios y documentos elaborados por los organismos involucrados con el seguimiento de las condiciones de la Cumbre Mundial de la Información (CMSI), ITU, PNUD, etc., y de acuerdo al establecimiento de índices comparativos y matrices de desempeño, han destacado por otra parte, la calidad de los procesos y resultados desarrollados en este ámbito en nuestro país, situándolo por ello en el primer lugar del desarrollo continental, y en el de un muy honroso puesto 27 entre las naciones del mundo. (Ver entre otros, el informe de Desarrollo Humano 2006 del PNUD y el informe elaborado en el Foro de e-Gobierno OEA 2004, por el foro de Políticas y Planes de e-Gobierno).

E-DICEPS. 3.1. (GE) Políticas, planes y programas.

3.1. Políticas, planes y programas.

A través del Instructivo Presidencial de Gobierno Electrónico, del 11 de mayo de 2001, el entonces Presidente Ricardo Lagos plantea los lineamientos que el gobierno de Chile habrá de implementar, en materia de Gobierno Electrónico.

El documento apunta a impactar en los siguientes ámbitos de acción social:
a) Atención al Ciudadano.
Busca establecer nuevas formas de relación entre el gobierno y el ciudadano, la empresa y el inversionista, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TICs), procurando prestar los servicios estatales con mayor eficiencia, eficacia y cobertura, con independencia del lugar físico.
b) Buen Gobierno.
Introducir nuevas formas y procesos internos en la Administración del Estado, que permitan integrar los diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión interna de los mismos.
c) Desarrollo de la Democracia.
Crear mecanismos que, usando TICs, permitan al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios y formas de participación.

De la misma manera, en el Instructivo Presidencial (del 11/05/2001), se plantean los siguientes principios orientadores que debe cumplir el gobierno electrónico chileno:

1. Supone transformar y modificar de manera sustantiva de los procedimientos actuales en uso en la Administración Pública.
2. Espera estar al alcance de todos, es decir, asegurar el acceso de todos los ciudadanos a las prestaciones electrónicas, considerando las dimensiones sociales (quiénes acceden), geográficas (dónde accede) y temporales (cuándo accede).
3. Que sea fácil de usar, es decir, que su uso sea simple y claro.
4. Que otorgue un mayor beneficio, en el sentido que los beneficios obtenidos a través de la prestación electrónica, deben superar a los obtenidos con modalidad presencial.
5. Que su implementación permita garantizar y disponer de mecanismos adecuados para asegurar privacidad y seguridad en el acceso, registro, uso y transacción de información.
6. Que permita asegurar la asignación de un rol activo al sector privado, a través de la implementación de procesos abiertos y competitivos.
7. Permitirá la desconcentración, delegando en los Servicios Públicos la administración, manutención y actualización de las TI, asegurando la interoperabilidad recíproca.
8. Desarrollará la competencia electrónica al interior del Estado, al delegar en los Servicios Públicos las adaptaciones requeridas para que las transacciones puedan ser efectuadas desde cualquier lugar del país.

3.1.1. Organismos competentes en materia de Gobierno Electrónico en Chile.
Para llevar a cabo este mandato de desarrollo del gobierno electrónico, se facultó a través de este instructivo, con asignación de funciones específicas para cada uno de ellos, al Ministerio Secretaría General de Gobierno, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). Proyecto Reforma y Modernización del Estado (PRYME)
Ministerio de Economía (MINECON). Subsecretaría de Economía (Coordinación Gubernamental de TIC)
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), Programa Nacional de Infocentros
(Cabe consignar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participó, a través de un préstamo, en el desarrollo del Proyecto Reforma y Modernización del Estado (PRYME) y en el de su componente de Gobierno Electrónico, así como en otros proyectos de apoyo, lo mismo que el Banco Mundial).

3.1.2. Agenda de Gobierno Electrónico 2002-2005
Con base en las orientaciones del Instructivo Presidencial sobre Gobierno Electrónico (11/05/2001), la Agenda de Gobierno Electrónico 2002-2005 presenta proyectos y programas de modernización tecnológica para ser desarrollados por las instituciones públicas durante el período 2002-2005.

3.1.3. Comité de Normas
En el año 2002 se creó el Comité de Normas, encargado de asesorar al Presidente de la República en la fijación de normas para la interoperabilidad del documento electrónico. Durante su existencia, se promulgaron tres decretos supremos que norman aspectos básicos de la implementación de tecnología al interior del aparato gubernamental.

3.1.4. Coordinador Gubernamental de TIC
En marzo de 2003, se creó la figura del Coordinador Gubernamental de TIC con la tarea específica de ordenar y facilitar el desarrollo de las TIC en el país. Este cargo generó la suficiente fuerza para alinear, en conjunto con el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME), la estrategia de Gobierno Electrónico, así como para aglutinar los esfuerzos de aquellas instituciones que iniciaron su desarrollo en materia de TICs. De igual manera, dicha figura permitió priorizar las iniciativas de mayor impacto y su consecuente desarrollo en distintas instituciones públicas.

3.1.5. Directorio de Gobierno Electrónico
Durante el mismo año 2003 se constituyó el Directorio de Gobierno Electrónico, (estando la coordinación del Directorio a cargo del PRYME), con objeto de fortalecer la capacidad de coordinación en los proyectos transversales de Gobierno Electrónico y de actuar como órgano consultivo en materias vinculadas. Asimismo, dicho Directorio formuló recomendaciones sobre el desarrollo de proyectos transversales de la Agenda de Gobierno Electrónico y de la Agenda Digital en los ámbitos de Estado en Línea y Desarrollo Digital de las Empresas.

El Directorio está compuesto por el Coordinador Gubernamental de TIC, la Dirección Ejecutiva del PRYME, jefes de Servicios Públicos destacados en la incorporación de TICs en sus ámbitos de actuación, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Instituto de Normalización Provisional, Servicio de Registro Civil e Identificación, Chile compra, y otros.

Las líneas de acción que el Directorio estableció se dirigen a operar la transición desde un Gobierno Electrónico informativo a uno transaccional, adoptando las siguientes prioridades:
- Consolidar la implementación y el uso de trámites y servicios en línea de impacto masivo y alta calidad.
- Definir normas y estándares que faciliten la interoperabilidad entre los Servicios Públicos.
- Promover el uso de mecanismos de seguridad en la plataforma de hardware y software.
- Acompañar el desarrollo de los proyectos transversales y de alto impacto.
- Promover, vía implementación de proyectos focalizados, el desarrollo del Gobierno Electrónico en el sector salud, gobiernos regionales y municipios.

Uno de los principales productos del Directorio fue la formulación de la Agenda de Gobierno Electrónico, así como de los proyectos de Gobierno Electrónico contemplados en la Agenda Digital.

E-DICEPS. 3.2. AD/ 3.3.Marco Legal/ 3.4.Prioridades

3.2. Agenda Digital 2004-2006

La Agenda Digital (AD) fue el resultado de un trabajo iniciado en abril de 2003 y presentado en Febrero de 2004. Para su desarrollo se constituyo el Grupo de Acción Digital (GAD) presidido por el Coordinador Gubernamental de TIC e integrado por delegados de instituciones gubernamentales, de organizaciones representativas del ámbito empresarial, del sector académico y de otros poderes del Estado. A través de este espacio do concertación se logró un amplio acuerdo público-privado acerca de una estrategia-país con horizonte en la celebración del Bicentenario en 2010, así como un Plan de Acción para el período 2004-2006, que contempla 34 iniciativas. Anotemos que en el ámbito específico de la protección Social, la Plataforma Tecnológica del SiiS, constituye la Iniciativa 13 del conjunto.

El PRYME, a través de la Agenda de Gobierno Electrónico 2002-2005, trazó los planes, programas y actividades por realizar en estas materias durante los siguientes años, consolidando los esfuerzos desplegados y ampliando las posibilidades de avance tecnológico hacia el futuro. Para facilitar la presentación de cada iniciativa e identificar con precisión las dimensiones en ellas comprendidas, el PRYME las clasificó en las siguientes categorías:

1. Proyectos Transversales
Se trata de proyectos que incluyen a diversos Servicios Públicos, tanto en términos de su implementación como de la utilización de sus productos (Intranet, portal de compras, ventanilla única de trámites y servicios, Servicio Nacional de Información Territorial).
2. Proyectos Sectoriales de Alto Impacto
Son aquellos dirigidos a sectores particulares de la ciudadanía con alto potencial de uso y/u operación del recurso tecnológico (factura electrónica).
3. Proyectos Sectoriales de Impacto Focalizado
Esta categoría contempla las múltiples iniciativas y proyectos que diversos Servicios Públicos han incorporado a sus agendas de trabajo, en acuerdo a sus propios ámbitos de acción y considerando el instructivo presidencial.
4. Proyectos y Acciones de Apoyo PRYME
Iniciativas y líneas de acción específicas, orientadas a potenciar transversalmente el desarrollo del GE de la administración del Estado (promoción y uso del documento y firma digital, interoperabilidad de los sistemas de información de los servicios públicos, diseño de ventanillas únicas).
5. Proyectos de Soporte
Conjunto de iniciativas tendientes a apoyar el desarrollo de los proyectos de Gobierno Electrónico en su conjunto, a través de la creación de plataformas de servicios comunes y estándares que favorezcan la articulación, el intercambio de experiencias y la entrega de información (definición de indicadores de logro, apoyo comunicacional a los proyectos de Gobierno Electrónico).

3.3. Marco Legal de competencia.

3.3.1. Transacciones electrónicas (firma digital y electrónica, documento electrónico, certificación digital, contratación electrónica, pago electrónico)
- Ley General de Telecomunicaciones (Nº 18.168) del 02/10/1982, modificada por Ley Nº 19.277 del 20/01/1994, Ley Nº 19.302 del 10/03/1994 y Ley Nº 19.605 del 26/01/1999.
- Instructivo Presidencial para el desarrollo del Gobierno Electrónico del 11/05/2001 (Oficio Nº 005).
Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma (Ley Nº 19.799) promulgada el 25/03/2002, que regula los documentos electrónicos y sus efectos legales, la utilización en ellos de firma digital, la prestación de servicios de certificación de estas firmas y el procedimiento de acreditación al que podrán sujetarse los prestadores de dicho servicio de certificación, con el objeto de garantizar la seguridad en su uso.
- Ley Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (Ley Nº 19.886) promulgada el 30/07/2003.
- Tratado de Libre Comercio: Chile-EE.UU. (Capítulo 15: Comercio Electrónico) suscrito el 06/06/2003.
- Decreto Nº 81 del 09/07/2002 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
- Decreto Nº 181 del 2002, Reglamento de la ley de documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación.
- Decreto Supremo Nº 77 del 03/06/2004, Norma técnica sobre eficiencia de las comunicaciones electrónicas entre órganos de la administración del Estado y entre éstos y los ciudadanos (con base en la ordenanza del artículo 54 del reglamento de la Ley 19.799).
- Decreto Supremo Nº 81 del 03/06/2004, Norma técnica para los órganos de la administración del Estado sobre interoperabilidad de documentos electrónicos.
- Dictamen Nº 4941 del 2004, sobre certificación de firma electrónica de los servicios públicos.
- Instructivo Presidencial sobre la Aplicación de Procedimientos Electrónicos del 30/03/2004, (Oficio Nº 341). Mediante este instructivo, se dictaminó que, a partir de mayo del 2004, todos los servicios deberían incorporar la capacidad de recibir facturas electrónicas; solicitar a los profesionales con los que se vinculan contractualmente boletas electrónicas de honorarios y efectuar las cotizaciones previsionales por Internet.
- Instructivo Presidencial sobre la implementación y uso de la Firma Electrónica en la Administración Central del Estado del 10/06/2004 (Oficio Nº 006), imparte instrucciones sobre la implementación de la firma electrónica en los actos, contratos y cualquier tipo de documento en la Administración del Estado.

3.3.2. Acceso a la información administrativa (o acceso a la información pública).
- Ley Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (Ley 19.880), promulgada el 22/05/2003 y entró en vigencia el 29/05/2003. Norma los plazos máximos para la realización de actos administrativos, incorporando principios de celeridad, de economía procedimental, de no-formalización e inexcusabilidad. Igualmente, establece el derecho del ciudadano a conocer el estado de tramitación de los procedimientos de su interés, así como de eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento o que se encuentren en poder de la Administración.

3.3.3. Privacidad, seguridad de datos, habeas data.
- Ley Nº 19.223 (promulgada 28/05/1993, B.O. 07/06/1993): tipifica delitos informáticos.
- Ley Nº 19.628 (B.O. 28/08/1999): Sobre la protección de la vida privada.
- Ley Nº 19.812 (B.O. 13/06/2002): modifica la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada.
- Ley Nº 19.880 (B.O.29/05/2003): bases y procedimientos administrativos, se refiere a acceso a información personal y privacidad.
- Decreto Nº 779 (2000), Ministerio de Justicia: reglamento del registro de bancos de datos personales a cargo de organismos públicos.
- Decreto Nº 26 (2001), Ministerio Secretaría General de la Presidencia: reglamento sobre el secreto o reserva de los actos y documentos de la administración del Estado.
- Decreto Supremo Nº 83 del 03/062004, Aprueba norma técnica para los órganos de la administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos.

Anotemos finalmente, que respecto a la normativa legal del Gobierno Digital, actualmente se encuentran en proceso de realización, diferentes estudios legales que –llevados a cabo de manera independiente por los organismos e instituciones competentes, pretenden resolver el problema del cruce efectivo de bases de datos (interoperabilidad) y utilización de la información disponible on-line por los distintos servicios y personas, de acuerdo al criterio de actualización y aplicación práctica de los principios legales vigentes, en un ámbito de acción como el presente digital, que dada su muy reciente incorporación al ámbito social, carece de todas las precisiones y garantías legales necesarias, siendo un campo de atención preferente y en pleno desarrollo. Destacamos los estudios jurídicos que en nuestro conocimiento se están llevando a cabo de manera simultánea en la Plataforma Tecnológica del Gobierno y en MIDEPLAN, en la Plataforma Tecnológica del SIIS.

3.4. Prioridades en la continuación de la estrategia de Gobierno Electrónico.

En el libro Gobierno Electrónico en Chile 2005, Estado del Arte II (PRYME, Editor: Álvaro Vásquez (con participación nuestra en la revisión del área concerniente a la Protección Social y de los avances de la Plataforma Tecnológica del SiiS: Iniciativa 13 de la AD), se plantean cinco desafíos, con sugerencia de respectivas líneas de acción, para el avance del Gobierno Electrónico. Dichos desafíos son:
3.4.1). Desarrollar y mejorar los mecanismos de incentivos al mayor uso de la oferta de servicios públicos electrónicos existentes. En este sentido es posible identificar las siguientes líneas de mejora:
1.1. Preparar a las instituciones y servicios gubernamentales para los cambios que deberán enfrentarse en la etapa de masificación de los servicios electrónicos.
1.2. Mejorar la usabilidad en la oferta individual de servicios electrónicos de cada uno de los sitios Web.
1.3. Desarrollar incentivos a través de mecanismos que potencien el uso de la oferta electrónica por sobre los canales tradicionales.
1.4. Llevar a cabo una estrategia de difusión para ampliar el conocimiento de la oferta existente y los beneficios ofrecidos por este canal.

3.4.2). Desarrollar y utilizar un enfoque integrador de evaluación de las iniciativas de Gobierno Electrónico, que dé cuenta del valor público que ellas pueden aportar, en particular:
2.1. Desarrollar un Observatorio de Gobierno Electrónico, que permita disponer de la información y seguimiento necesario de las iniciativas en esta materia.
2.2. Establecer marcos de evaluación, seguimiento y post evaluación de los proyectos o iniciativas que se desarrollan en este ámbito, de manera de establecer el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
2.3. Conformar los estándares de información necesarios para la evaluación, de manera tal de disponer y utilizar información comparable en calidad y cantidad.
2.4. Fomentar una mirada de valor público en el desarrollo de Gobierno Electrónico, así como el concepto de un Estado en red, que contribuyan a comprender y valorar cabalmente los impactos generados por este tipo de iniciativas.

3.4.3). Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Electrónico, para incorporar las iniciativas que correspondan a él, como un eje del desarrollo del quehacer de Gobierno.
3.1. Establecer un modelo de institucionalidad más robusto con capacidades de acción transversal, con algunas atribuciones de asignación presupuestaria y de implantación y seguimiento de proyectos.
3.2. Mejorar los procesos de financiamiento de las principales iniciativas de Gobierno Electrónico, identificando prioridades y exigencias de resultados concretos más allá de llevar a cabo el proyecto.
3.3. Desarrollar una clara asignación de responsabilidades y ámbitos, especialmente en el desarrollo y ejecución de las iniciativas, así como en su control y evaluación.

3.4.4.). Desarrollar un Gobierno Electrónico más integrado y participativo, con servicios de calidad, creciente transparencia y foco de atención en los ciudadanos. Para ello será necesario:
4.1. Homogenizar el desarrollo del Gobierno Electrónico en los servicios públicos, a través de una consolidación de las áreas de TIC y sus procesos como herramientas transformadoras del quehacer público, estableciendo metas en materia de desarrollos tecnológicos y nivelando las competencias necesarias.
4.2. Integrar los servicios electrónicos prestados por los Servicios Públicos, permitiendo unificar puntos de contacto orientados al proceso y construyendo una fuerte colaboración recíproca entre los mismos (Interoperabilidad).
4.3. Desarrollar mecanismos de participación ciudadana a través de medios electrónicos, que permitan integrar a los ciudadanos en los procesos de decisión, fiscalización y gobernabilidad.
4.4. Construir un modelo de desarrollo coordinado entre las diversas instituciones, de manera de asegurar que el foco de las necesidades de las empresas, ciudadanos y servicios en línea estén estructurados y conducidos en forma concordante.

3.4.5.) Avanzar en el desarrollo del Gobierno Electrónico Regional y Local. Para ello será necesario:
5.1. Desarrollar un avance en términos de soluciones que lleguen a los diversos ciudadanos y empresas en todo el país.
5.2. Construir una integración de carácter vertical que permita llevar a cabo la coordinación entre los niveles centrales y locales.
5.3. Desarrollar una gestión territorial, integrando a nivel local los diferentes servicios ofrecidos a nivel central con las necesidades y recursos disponibles en términos de los municipios y gobiernos regionales.

E-DICEPS. 4. Sociedad del Conocimiento/ 4.1. La ciencia

4. Acerca de la Sociedad del Conocimiento y el desarrollo de Internet.
4.1. La ciencia debe ser una inversión realizada en interés del público.

Mediante la investigación y la educación, los científicos propician la creación y difusión del conocimiento. Esto puede tener hondas repercusiones en el bienestar de las poblaciones y las economías de los países. La ciencia es una inversión pública vital para nuestro futuro y un bien que produce dividendos extraordinarios.

Los adelantos científicos exigen un acceso libre e íntegro a los datos. La mejor forma de servir a la ciencia y al público consiste en proporcionarles un sistema de investigación y comunicación en el que los datos que se han de analizar estén sometidos al menor número posible de limitaciones. La tradición de acceso libre e íntegro a los datos ha facilitado los avances del conocimiento, así como la obtención de beneficios en el ámbito económico y en el campo de las políticas públicas. La idea de que una persona u organización pueda controlar el acceso a los hechos de la naturaleza, o arrogarse su propiedad, es ajena a la ciencia.

El acceso a los datos establecido en función de un modelo comercial no es conveniente para la investigación y la educación. La ciencia no es una empresa competitiva, sino colectiva. Ningún individuo, institución o país podría acopiar todos los datos necesarios para tratar los grandes problemas científicos. Para que la ciencia progrese y puedan obtenerse los beneficios sociales de sus adelantos, es necesario establecer prácticas que fomenten el intercambio de los datos. Teniendo en cuenta lo menguados que son los presupuestos de investigación, el aprovechamiento compartido de los datos sólo es posible cuando se puede acceder a éstos a un precio asequible. Si se proponen oficialmente datos para la investigación científica a un precio prohibitivo, esto equivale en la práctica a negar el acceso a los mismos. Esto es especialmente cierto por lo que respecta a los científicos de los países en desarrollo.

La publicación de los datos es indispensable para la investigación científica y la difusión de conocimientos. La fiabilidad de los resultados de las investigaciones depende de la publicación de los datos que los apoyan y que permiten su reproducción por parte de los demás colegas de la comunidad científica. La capacidad de los científicos para hacer progresar los conocimientos se ve mermada cuando se limita la publicación de los datos o se obliga a los colegas a volver a compilar una base de datos a partir de fuentes originales.

Los intereses de los propietarios de las bases de datos deben equilibrarse con el interés de la sociedad por el libre intercambio de las ideas. Habida cuenta de la importancia de las inversiones dedicadas al acopio de datos y el interés que representan para la sociedad, es también indispensable que los datos sirvan al mayor número de usuarios posible. Por distintas que sean las finalidades de los datos acopiados, todos ellos pueden ser útiles para la ciencia. La actitud de la sociedad y sus bases jurídicas deberían propiciar la búsqueda de un equilibrio entre los derechos del individuo sobre los datos y el bien público que representa el aprovechamiento compartido de éstos.

Los legisladores deben tener en cuenta las posibles repercusiones de los derechos de propiedad intelectual en la investigación y la educación. El equilibrio logrado en las disposiciones actuales del derecho de autor, por imperfecto que sea, ha permitido el desarrollo de la ciencia. Al mismo tiempo, ha permitido la existencia de una industria editorial floreciente. Toda nueva disposición legislativa debería buscar el equilibrio, garantizando al mismo tiempo un acceso libre e íntegro a los datos que necesitan la investigación científica y la educación.

(Ver: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf )

E-DICEPS. 4.2. Iniciativas de acceso a material científico on-line.

El Programa para el Fortalecimiento de la Información para la Investigación (PERI), creado por la Red Internacional para la Disponibilidad de Publicaciones Científicas (INASP) fundada por la UNESCO y el ICSU en 1991, suministra un acceso en línea íntegro (full text) y poco oneroso a más de 8.000 revistas y bases de datos. Los servicios en línea del PERI facilitan el acceso a los resultados de investigaciones locales, así como a una formación en el manejo de Internet y en técnicas de publicación destinadas a investigadores, editores, correctores de pruebas y bibliotecarios. (www.inasp.info/peri)

El African Journals Online (AJOL), administrado por la INASP, permite acceder, a través de Internet, a más de 50 revistas publicadas en África, proporcionando enlaces con las versiones electrónicas de artículos –cuando existen– y un servicio de fotocopias de documentos (www.inasp.info/ajol).

La Iniciativa de Acceso a la Investigación de la InterRed-Salud (HINARI), dirigida por la Organización Mundial de la Salud, permite que las instituciones públicas acreditadas se beneficien del acceso libre y a bajo costo a más de 2.000 revistas importantes de biomedicina (www.healthinternetwork.org).

El Programa de Distribución de Revistas Electrónicas (eJDS), coordinado por la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS) y el Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica (CIPT), difunde artículos científicos por correo
electrónico entre los científicos de las instituciones de países en desarrollo en los que el ancho de banda no permite descargar fácilmente los materiales publicados en Internet (www.ejds.org).

La Base de Datos para Tesis y Memorias Africanas (DATAD) fue creada en enero de 2004 por la Asociación de las Universidades Africanas, a fin de hacer accesibles en línea las memorias y tesis de los investigadores y estudiantes africanos. Esta base de datos servirá de instrumento de control de calidad para los trabajos de investigación efectuados en África, ya que otros investigadores verificarán sus contenidos. Asimismo, permitirá determinar las lagunas en materia de investigación y evitar las duplicaciones de tareas. La DATAD irá acopiando en un principio versiones electrónicas de los trabajos de investigación efectuados a partir de 1990. En una segunda fase se añadirán las investigaciones publicadas entre 1980 y 1990. La tercera y última fase tendrá por objeto integrar en la base de datos las publicaciones anteriores a 1980.

El proyecto Ptolemy es fruto de una asociación entre el Departamento de Cirugía Internacional de la Universidad de Toronto y la Asociación de Cirujanos del África Oriental (ASEA). Este proyecto ofrece un modelo sencillo de conexión de una comunidad de usuarios con una gran biblioteca universitaria. Permite acceder a información electrónica de calidad sobre la salud y contiene un mecanismo de evaluación del impacto de la información en los participantes en la Red. Ptolemy pone a disposición de los cirujanos africanos contenidos útiles y pertinentes a su debido tiempo. El proyecto hatenido una repercusión inmediata y positiva en la labor de estos profesionales. Este modelo de acceso sencillo, práctico y reproducible permite reducir la brecha digital, al crear capacidades en materia de medicina clínica, investigación y enseñanza en los países del África Oriental.

La Iniciativa de Archivos Abiertos (Open Archives Initiative) es un foro de discusión y elaboración concertada de protocolos en Internet para los archivos electrónicos impresos. Los participantes en esta iniciativa tratan de que esos protocolos sean universalmente aceptados y accesibles por encima de cualquier frontera física, institucional y disciplinaria. Los protocolos permiten que los distintos archivos de impresión electrónica puedan entrar en interacción, lo cual permite acceder a cualquier artículo desde cualquier ordenador, como si el material estuviese depositado en una sola biblioteca pública virtual (www.openarchives.org).

El Acceso a la Investigación Mundial en línea en el Sector Agrícola (AGORA) es una nueva iniciativa que tiene por objeto suministrar a los investigadores y científicos de algunos de los países más pobres del mundo un acceso libre y poco oneroso a documentación sobre alimentación, nutrición, agricultura y temas conexos en los campos de las ciencias biológicas, ambientales y sociales. AGORA facilitará el acceso a más de 400 revistas importantes de estas especialidades con el propósito de incrementar a largo plazo la calidad y eficacia de la investigación y formación agrícolas en los países
de bajos ingresos. Esta iniciativa emana de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Biblioteca Mann de la Universidad de Cornell, la Fundación Rockefeller, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y el Organismo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El laboratorio virtual en CD–ROM de la UNESCO ha sido creado por la Organización en colaboración con el CIFT. Este instrumento gratuito suministra información y programas que permiten crear un laboratorio virtual. Está concebido de forma que los científicos de los países en desarrollo puedan operar en laboratorios virtuales elementales (htpp://virtuallab.tu-freiberg.de).

La Biblioteca Pública de Acceso a la Literatura Científica (PLoS) es una organización sin fines lucrativos de científicos y médicos que están resueltos a lograr que la documentación científica y médica mundial sea un recurso público gratuito. La PLoS es un organismo de edición por medios electrónicos y en Internet que permite crear bibliotecas públicas de ciencia con el texto íntegro y los datos completos de todo artículo de investigación publicado, poniéndolo a libre disposición de todos en cualquier parte. Esta biblioteca permite un acceso inmediato e ilimitado a ideas, métodos, resultados y conclusiones científicas susceptibles de acelerar los progresos de la ciencia y la medicina, y también tiene por objeto poner rápidamente en conocimiento del público los beneficios de la investigación. Para valorizar este potencial, falta todavía un nuevo modelo de edición en el ámbito científico comercial que trate los costos de publicación como última etapa de financiación de un proyecto de investigación. En cooperación con los científicos, sus sociedades y los organismos de financiación de otros editores, la PLoS trata de llegar a ser un día depositaria –en acceso gratuito– de todo artículo publicado. También intenta elaborar instrumentos que faciliten a los científicos y al público el uso de la documentación (www.publiclibraryofscience.org).

En 2002, el Journal of Postgraduate Medicine (JPGM), una revista trimestral del personal del Seth G.S. Medical College y del Hospital K.E.M. de Bombay (India), se unió al servicio de publicación electrónica Bioline International, que presenta revistas en acceso libre. La colaboración entre Bioline International y esta revista es ilustrativa de la manera en que algunas publicaciones científicas de los países en desarrollo pueden beneficiarse del aprovechamiento compartido de una tecnología poco onerosa y ampliar más el acceso a los contenidos.

E-DICEPS. 5. Transparencia de la Gestión/ 5.1.Gob.Transparente/ 5.2 "Transparencia Activa", un antecedente "ejemplar"

La implementación del sistema de Protección Social, significa un aporte fundamental en la generación de las condiciones adecuadas para favorecer la oportuna rendición de cuentas y la probidad en todas las instituciones, programas y proyectos involucrados. De la misma manera se debe garantizar a los ciudadanos un amplio acceso a toda la documentación, así como el fluido traspaso de esta información.

5.1. Gobierno Transparente.

Con el Antecedente del Artículo 8, inciso 2º (de la Nueva Constitución Política de la República, promulgada en 2005 y que modifica la Constitución de 1980), y fecha del 04.12.2006, (Decreto Ley 008), la Presidenta Bachelet, dicta el “Instructivo Presidencial sobre transparencia activa y publicidad de la información de la administración del Estado”, que sin duda se transforma en el paso más importante que en materia de probidad y transparencia de la gestión del Estado se ha dado durante los gobiernos del período democrático y que ponen a nuestro país en la primera línea de los países del mundo en cuanto a iniciativas de gobierno para avanzar en la participación de una ciudadanía activa, informada y que sepa cuales son sus derechos, para profundizar la democracia y construir la sociedad del conocimiento. La objetivación de este instructivo, durante el reciente mes de enero, se ha expresado en la iniciativa del “Gobierno Transparente”, en las páginas Web de todos los sitios institucionales.

Resulta de suma importancia a nuestro parecer, la definición conceptual que enarbola el citado instructivo, porque pone de manifiesto el interés por romper decididamente la barrera de inactividad y anomia que caracterizan la función pública tradicional y que el Proceso de Modernización del Estado se propone derrumbar, para generar las condiciones de innovación que requiere una función de política pública vivaz, atenta, involucrada y capaz de dotarse de las herramientas innovativas que exige el gobierno comprometido con los valores de la equidad y la participación que demanda el siglo XXI.

5.2. “transparencia activa”: Un antecedente “ejemplar”
Así, es significativo y notable que la Presidenta no solo haya establecido un instructivo sobre “transparencia” (que bastaría para establecer el principio), sino que esta además, lleve el agregado cualitativo de “activa”, porque implica el llamado a una transformación real de la actitud y entrega del servicio público, al “sacar” a la transparencia del molde tradicional de la inercia e inscribirlo en la práctica permanente del funcionario, de esta manera a la vez autónomo, responsable y partícipe. En efecto, el Instructivo 008, define de esta manera la “transparencia activa”.

“La “transparencia activa”, esto es la publicidad de la información por parte de los organismos públicos, de propia iniciativa y sin necesidad de requerimiento alguno, permite acercar la información a las personas, garantizarles el acceso a ella por medios expeditos y gratuitos y dar mayor concreción al principio de transparencia”.

Lo anterior, significa, generar desde el principio rector de la constitucionalidad política, el mandato preciso a desarrollar iniciativas autónomas y que respondan a los criterios de innovación y eficiencia, entendiendo que el servicio público requiere del impulso, energía y entrega de sus funcionarios, en un espíritu de colaboración, comprensión de los mandatos políticos y programas y proyectos en los que se encuentra, así como de atenta sinergia y seguimiento de sus proyecciones. A este respecto, resultará de interés, establecer que de manera “visible” (aunque paradojalmente, no reconocida entonces por la autoridad…), al interior del servicio, se gestaban iniciativas que respondían a este llamado “inconsciente” de la sociedad y que pese a tener la comprensión compartida de la misma resonancia, de alguna manera fueron precursoras –o al menos contemporáneas- en su concepción, pero anteriores en su realización a la plena institucionalidad que hoy en día existe. Es así, que durante el año 2005, en MIDEPLAN, junto a la Plataforma Tecnológica de Protección Social (SiiS), y como una medida para “activar” procesos de gestión política que se encontraban prácticamente detenidos por el excesivo “celo en el procedimiento”, se activó un sistema de reflexión que permitiera poner la discusión al alcance de los distintos actores socio-técnicos a todos sus niveles.

El Laboratorio de Inteligencia Colectiva (LINC), sin duda ninguna, que precedió esta línea, desarrollando abundante material que puede aún ser visitado, brindando un aporte a la comprensión de procesos en política pública y protección social, promoviendo la generación del diálogo abierto y la reflexión colectiva, en aras del mejoramiento de los procesos y del avance de nuestra sociedad a su plena incorporación en la sociedad del conocimiento. Destacable, en esta perspectiva, resulta el esfuerzo de resignificación y definiciones conceptuales, realizado, que encuentra en sus dos principios estratégicos centrales, la síntesis y definición práctica de su orientación y condiciones: AIRE (Asignación Inteligente de Recursos Escasos), que tomando una frase del entonces Presidente Lagos, define la necesidad de incorporar decididamente la investigación en la práctica de soluciones de bajo costo y alta eficiencia en la función pública y que en el caso concreto referido, se “materializó” en la utilización libre de una red de weblogs, sin costo, de fácil manejo y acceso universal y RED (Retroalimentación, Estudio y Desarrollo), que constituían a nuestro juicio los tres componentes epistémicos del soporte tecnológico activo: el feedback que permite la corrección participativa y empoderante, el estudio que sustenta la investigación y da coherencia a sus propuestas y el objetivo de desarrollo, que implica un avance que no cesa. www.siischilesolidario.blogspot.com

E-DICEPS. 6. Notas sobre Monitoreo y Evaluación (M&E)

Siguiendo tendencias y compromisos mundiales para avanzar en la consolidación de sistemas democráticos cada vez más representativos, transparentes y confiables, es claro que el apoyo de las organizaciones internacionales, así como los esfuerzos de las instituciones involucradas en la construcción y diseño de las políticas públicas en los países, están trabajando de manera conjunta para incorporar a un número cada vez mayor de gobiernos en América Latina en las tareas necesarias para fortalecer sus sistemas de Monitoreo y Evaluación en los distintos ámbitos. La experiencia de nuestro país, en general reconocida como respondiendo a los estándares de optimización vigentes y habría de permitir extraer lecciones importantes, tanto para el análisis que se desprendería de una lectura interna que se “detuviera” a pensar sobre lo realizado, como para quien mirara desde fuera y pretendiera enriquecer su experiencia a partir de la nuestra.

El propósito de este borrador, más que presentar un análisis en profundidad, es el de plantear algunas condiciones generales del mecanismo a través del cual se realiza el monitoreo y evaluación de los programas en Chile y de las particularidades que nuestro sistema presenta en este sentido. Por cierto, estas líneas no pretenden sino ser (como lo señalamos más arriba) un “borrador”, o esbozo de una tarea que habría de continuarse en el desarrollo de una metodología dotada de instrumental cuantitativo y cualitativo, correspondiente al de un estudio comparativo, que contara con la voluntad política y el apoyo necesarios como para ser aplicada en distintos servicios escogidos al interior de los servicios.

Por cierto, que el desarrollo de un Sistema de Protección Social de carácter universal, como el que estamos empeñados en implementar, desde el gobierno, así como las complejidades crecientes que implica el impacto de las condiciones de la globalización, por un lado, así como los propios errores cometidos al interior de nuestras instituciones, de los cuales sin duda no es el menor, asumir por principio, que no cometemos ninguno y presentando “impecables hojas de ruta”, impidiendo de esta manera el conocimiento veraz de nuestras situaciones a las direcciones políticas correlativas responsables, nos parece como uno de los eventuales puntos centrales de lo que habrían de ser una serie sistemática de estudios de esta naturaleza.

Sería esperable que iniciativas para dotar a las distintas unidades de herramientas de Gestión y evaluación permanentes y –permanentemente- actualizadas, empezaran a desarrollarse a consecuencia de la necesidad tanto de cada jefatura de disponer de la información requerida para tomar decisiones sustentables y en el momento oportuno, como entre los funcionarios y el público en general. Pensamos que la decisión de establecer el “Gobierno Transparente”, de la Presidenta Bachelet, es el primer paso en este sentido y constituye un impulso poderoso que ha de seguir profundizándose de acuerdo a las condiciones, características y capacidades de cada sector, institución y dependencias.

En el sentido de “consonancia político estratégico”, que hemos mencionado con respecto a la concepción e implementación de LINC, mas arriba, nos parece de interés señalar aquí uno de sus desarrollos, concebido precisamente para dar respuesta a la necesidad de realizar un adecuado proceso de auto-gestión, aplicando las herramientas tecnológicas de que disponemos gracias a la presencia de Internet. Para la consideración eventual de sus logros y posibilidades de manejo transparente, actualizado y para permitir evaluación de procesos, remitimos al sitio de Gestión Inteligente (creado en agosto del 2005), dónde subimos toda la información relativa a los proyectos que conformaban el SIIS, de acuerdo a los requerimientos del BM y dónde pretendimos hacer seguimiento de procesos. La oposición tanto interna de algunos miembros del equipo, como de resistencia al cambio (de alguna directiva superior al componente), generada en el resto de los componentes del entonces Chile Solidario, llevó a que la iniciativa no pasara de su etapa de instalación. Sin embargo, allí está, a la imagen de la virtualidad, inexistente y siempre presente, para consideración y análisis de lo que efectivamente ha sido hecho y de la innovación que no se difunde, pero existe. www.siisgestion.blogspot.com

E-DICEPS. 7.Ayuda memoria (M&E). 7.1.Aspectos generales.

7. Por un “ayuda memoria” sobre M&E.

(Notas y material referencial a desarrollar, tomado de diferentes lecturas sobre los sitios del World Bank, IADES, CLAD, UNPAN, BID y otros, mas algunos comentarios personales y ordenamiento que no los hacen responsables del texto que presento).

7. 1. Aspectos generales de Monitoreo y Evaluación (M&E)

El funcionamiento de los sistemas de MyE se basa en una combinación de monitoreo y evaluación, o sólo en el monitoreo, consistiendo el monitoreo en la realización de mediciones periódicas o continuas del desempeño en base a indicadores seleccionados. Por el otro lado, la evaluación suele valerse de una variedad de métodos más amplia para examinar los programas o las actividades específicas en mayor profundidad, de manera tal de lograr una mejor comprensión de los procesos bajo estudio y sus consecuencias, y alcanzar conclusiones más rigurosas.

Dado los relativamente bajos costos que implica, el monitoreo ofrece la posibilidad de evaluar el desempeño con bastante frecuencia, abarcando un gran número de programas u organizaciones a la vez. Sin embargo, no suele proporcionar elementos suficientes para entender la complejidad de los procesos involucrados o distinguir entre los efectos de los programas o los procesos evaluados y los de factores externos a los mismos. Por otro lado, la evaluación de programas se encuentra mucho mejor equipada para establecer esto último pero, dado el mayor tiempo que su realización requiere y los altos costos que involucra, suele aplicarse sólo a un pequeño número de programas a la vez.

El costo y la duración de las evaluaciones pueden variar de acuerdo con su nivel de profundidad, rigurosidad y cobertura. Pero, en todo caso, los niveles de cobertura, prontitud y economía del monitoreo son siempre mayores que los de la evaluación. Debido a que sus respectivas fortalezas y debilidades los hacen complementarios entre sí, estos dos enfoques se vuelven más efectivos cuando se los utiliza conjuntamente.

Dada la relativa dificultad de medir resultados finales e impactos, todos los sistemas tienden a utilizar indicadores de insumo, proceso y producto en mayor medida. El Sistema de Control de Gestión parece haber venido avanzando lentamente hacia una mayor inclusión de los indicadores de resultados intermedios y finales.

Sin embargo, existen al menos dos desafíos importantes que, en mayor o menor medida, todos estos esquemas de monitoreo siguen enfrentando. El primero de estos desafíos consiste en asegurar que los indicadores cubran todas las actividades esenciales de las agencias y los programas evaluados. El problema en este sentido es que es mucho más fácil medir el desempeño de algunas actividades que el de otras y, por lo tanto, aquéllas que son más difíciles de medir tienden a ser dejadas de lado. Además, suele existir una tensión entre la intención de asegurar que las mediciones abarquen todos los aspectos relevantes del desempeño y la necesidad de mantener el número de indicadores dentro de niveles manejables. El segundo desafío importante consiste en mejorar la calidad de los indicadores utilizados – entendiendo por esto su relevancia y mensurabilidad, su adecuación a los tiempos de la toma de decisiones, etc.

E-DICEPS. 7. 2. Marco organizacional y distribución de roles.

7.2.

Para resultar efectivos, los sistemas de MyE necesitan estar organizados de manera tal de asegurar tanto la relevancia como la credibilidad de la información que producen. Una de las mejores formas de asegurar la relevancia de las evaluaciones y las mediciones de desempeño que desarrollan los sistemas es involucrando a los principales destinatarios de la información en la definición de qué políticas, programas o aspectos de la gestión evaluar (Mokate, 2000). Por otro lado, para obtener un nivel aceptable de credibilidad, resulta aconsejable mantener un relativo grado de independencia entre quienes controlan o administran el desarrollo de las evaluaciones y los actores que se encuentran más directamente asociados a las actividades y los programas evaluados. Esta segunda condición es especialmente importante cuando los principales destinatarios de la información son externos a la política, programa o agencia evaluada. Cuando los hallazgos de MyE están principalmente destinados a los agentes responsables de los mismos procesos que se están evaluando, es más importante asegurar un alto nivel de participación y receptividad de su parte que garantizar la credibilidad externa de la información (Ala-Harja y Helgason, 1999).

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los diseñadores de sistemas de MyE es el hecho de que estos sistemas suelen crearse con el objetivo de abordar las necesidades de información de distintos actores. Y, como se mencionó recién, las condiciones necesarias para asegurar la relevancia y la credibilidad de la información tienden a ser relativamente específicas para cada tipo de destinatario. Por ejemplo, cuando las actividades de MyE de un sistema tienen por objeto atender tanto las necesidades de información de determinados ministerios sectoriales o agencias como las de uno o más ministerios centrales, existen por lo menos dos alternativas. Por un lado, el control de los procesos de MyE puede dejarse en manos de un ministerio central, en cuyo caso la credibilidad de la información podría verse relativamente asegurada para todas las partes interesadas. Sin embargo, esta opción podría terminar conspirando contra la relevancia, la utilidad y la aceptabilidad de la misma para las agencias y los ministerios sectoriales directamente afectados. Por otro lado, cuanto mayor sea el nivel de control que los ministerios o agencias cuyas actividades o programas están siendo evaluados ejercen sobre los procesos de evaluación, más probable será que la información generada les resulte relevante. Sin embargo, su condición de “juez y parte” en el proceso de evaluación puede terminar dañando la credibilidad externa de los hallazgos del MyE. En pocas palabras, existe una tensión latente entre las condiciones necesarias para asegurar niveles adecuados de relevancia y credibilidad de la información para las distintas partes interesadas en los procesos de MyE (Zaltsman, 2006). En general, existen distintas formas de conciliar estos requerimientos potencialmente conflictivos. Pero, generalmente, implican priorizar en cierta medida a algunos de ellos por sobre los otros.

Las mayores diferencias que se observan entre los sistemas de M&E, giran en torno al nivel de protagonismo y control que les otorgan a sus unidades coordinadoras y a las instituciones y los programas evaluados en la definición de los indicadores y metas. Por un lado, algunos sistemas parecen estar más preocupados por asegurar la estandarización y la imparcialidad del proceso y, por lo tanto, le asignan a la unidad coordinadora un rol mucho más decisivo en este sentido. El SCG de Chile representa un buen ejemplo, ya que es probablemente el sistema donde la relación entre la unidad coordinadora y las agencias evaluadas sigue un enfoque más “vertical”. Más específicamente, además de definir la agenda general de monitoreo del desempeño, la unidad coordinadora del sistema ejerce un grado de control mucho más marcado sobre todo el proceso que en otros sistemas de MyE. Por contraste, otros sistemas parecen priorizar la intención de asegurar un buen grado de receptividad y “apropiación” de los hallazgos del monitoreo por parte de las autoridades de las instituciones y los programas evaluados, por sobre los requerimientos asociados con la credibilidad externa. En consecuencia, les proporcionan a dichos funcionarios un nivel mayor de participación en esta parte del proceso.

7.2.1 Actividades de Evaluación de los Sistemas
Los sistemas de M&E que cuentan con componentes de evaluación de programas realizan evaluaciones de distintos tipos: evaluaciones ex-ante (por ejemplo, análisis de costo-beneficio y de costo-efectividad), evaluaciones “de escritorio”, evaluaciones de implementación y evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto que realizan los sistemas se basan generalmente en diseños cuasi-experimentales y en sofisticadas técnicas de análisis estadístico. De acuerdo con sus propias estimaciones, el SCG ha evaluado aproximadamente el 61 por ciento de lo que define como “gasto evaluable”.

7.2.2. Coordinación entre las Actividades de M&E
Un último aspecto importante a considerar se refiere al grado de coordinación existente entre las diversas actividades de M&E que desarrolla cada sistema. En este sentido, el SCG parece ser el sistema que está abordando este tema del modo más efectivo. Sus diversos componentes (Indicadores de Desempeño, esquema de monitoreo del Programa de Mejoramiento de Gestión, las Evaluaciones de Programas Gubernamentales, las de Impacto y las Comprehensivas del Gasto, y las evaluaciones ex-ante que se realizan a través de los “Formatos Estándar”) han sido concebidos con la intención explícita de abordar necesidades de información distintas y de complementarse entre sí. Además, las mediciones del desempeño de las agencias que la DIPRES realiza a través de sus mecanismos de monitoreo y sus evaluaciones “de escritorio” son también tomadas en cuenta a la hora de decidir qué programas o instituciones evaluar en profundidad. La evidencia disponible parece sugerir que los distintos componentes del SCG están funcionando de manera cada vez más complementaria.

Las mayores diferencias que se observan entre los sistemas de M&E, giran en torno al nivel de protagonismo y control que les otorgan a sus unidades coordinadoras y a las instituciones y los programas evaluados en la definición de los indicadores y metas. Por un lado, algunos sistemas parecen estar más preocupados por asegurar la estandarización y la imparcialidad del proceso y por lo tanto, le asignan a la unidad coordinadora un rol mucho más decisivo en este sentido. El SCG de Chile representa un buen ejemplo, ya que es probablemente el sistema donde la relación entre la unidad coordinadora y las agencias evaluadas sigue un enfoque más “vertical”. Más específicamente, además de definir la agenda general de monitoreo del desempeño, la unidad coordinadora del sistema ejerce un grado de control mucho más marcado sobre todo el proceso que muchos de los sistemas de M&E aplicados. Por contraste, otros sistemas parecen priorizar la intención de asegurar un buen grado de receptividad y “apropiación” de los hallazgos del monitoreo por parte de las autoridades de las instituciones y los programas evaluados, por sobre los requerimientos asociados con la credibilidad externa. En consecuencia, les proporcionan a dichos funcionarios un nivel mayor de participación en esta parte del proceso.

La información disponible sobre el grado de utilización y la receptividad que encuentran los hallazgos del monitoreo en las distintas instituciones es más bien escasa y, por lo general, meramente anecdótica. Sin embargo, vale la pena hacer notar que el sistema donde el uso de esta información se encuentra más claramente documentado es el SCG de Chile – es decir, el sistema en el que la relación entre la unidad coordinadora y las instituciones evaluadas presenta el mayor grado de “verticalidad”.

Al parecer, el mayor obstáculo para la asimilación y el eventual uso de los hallazgos de monitoreo por parte de las instituciones y los programas evaluados radica en la falta de compromiso e involucramiento por parte de sus autoridades. En términos generales, resulta común que todas las actividades asociadas con el proceso de monitoreo se encuentren concentradas en la unidad organizacional que actúa como nexo entre la institución evaluada y la unidad coordinadora del sistema. Consecuentemente, el nivel de difusión que las metas y las evaluaciones de desempeño tienen dentro de los programas y las instituciones suele ser extremadamente bajo. Esto parece ser así independientemente de si la unidad institucional que actúa como contraparte del sistema dentro de la agencia o el programa evaluado fue creada específicamente para cumplir con esta función o existía desde antes y se ocupa a la vez de otras funciones (por ejemplo: planificación, elaboración del presupuesto, etc.).

7.2.3. Credibilidad e Imparcialidad de los Sistemas
Para asegurar la credibilidad de la información que producen, se considera generalmente necesario asegurar que las actividades de los sistemas de M&E se desarrollen con cierto grado de independencia respecto de las agencias y los programas que evalúan. Esto es particularmente importante cuando los destinatarios de esta información son externos a la agencia, política, o programa a evaluar. Sin embargo, cuando los hallazgos de M&E están principalmente destinados a los agentes responsables por las actividades evaluadas, garantizar un alto nivel de participación y receptividad de su parte cobra prioridad por sobre la necesidad de garantizar la credibilidad externa de la información.

7.2.4. Presentación de la Información y Estrategias de Difusión
La mera existencia y disponibilidad de información de M&E no garantiza que sus destinatarios la utilicen. Los sistemas considerados en este documento han tratado de facilitar y fomentar su uso de distintas maneras. Un enfoque consiste en adecuar el formato y el contenido de los informes de M&E a las necesidades específicas de cada tipo de usuario. Esto incluye la preparación de diferentes tipos de informes para diferentes públicos. Algunos de estos informes se centran en cada una de las agencias o los programas evaluados de manera individualizada, mientras que otros presentan la información en un solo documento con un nivel de detalle mucho menor. Otros aspectos de los informes de M&E que suelen ajustarse al tipo de destinatario son: la frecuencia con la que son emitidos, la complejidad del lenguaje con el que se redactan, y el formato. Es igualmente importante que las principales partes interesadas tengan conocimiento de la disponibilidad de esta información y puedan acceder a la misma con facilidad. Por ejemplo, en muchas agencias hay una falta de conocimiento generalizada de las metas y las evaluaciones de desempeño de la organización. Esto aparenta ser generalmente el resultado de fallas en la comunicación interna. Ocurre comúnmente, que este problema se vea agudizado por la concentración de todas las funciones relacionadas con el M&E en una sola unidad organizativa con poca llegada a las autoridades de la agencia.

A fin de que los sistemas de M&E sirvan como un instrumento público de transparencia y rendición de cuentas, es importante que la información que producen tenga alta visibilidad pública y sea fácil de acceder. Los sistemas de M&E considerados en este documento utilizan el Internet como uno de sus canales de difusión primarios, pero deben aún refinarse los mecanismos que permitan el uso efectivo de la información disponible en el público en general y como proceso de seguimiento efectivo y permanente de los procesos por parte de los funcionarios.

E-DICEPS. 7.3. M&E en la Política Pública.cl

7.3. M&E en la Política Pública en Chile.

Se reconoce que en Chile, las funciones superiores de MyE se organizan en torno a dos sistemas. Uno, conocido como el “Sistema de Control de Gestión” (SCG), y el otro como “Sistema de Seguimiento de la Programación Gubernamental” (SSPG). Ambos, fueron creados y se encuentran bajo diferentes jurisdicciones, aunque en la práctica deben complementar sus acciones y resultados.

Ambos sistemas, surgieron en el contexto de iniciativas de reforma que se preocuparon especialmente por fortalecer la capacidad del gobierno para emprender una planificación nacional efectiva y alinear las políticas públicas con las prioridades estratégicas del gobierno. Concretamente, el SSPG de Chile surgió en 1990 como el sistema de “Metas ministeriales”, y con los objetivos de evaluar el cumplimiento de las prioridades de la política Presidencial por parte de los ministerios y las agencias, y de servir como una herramienta de rendición de cuentas. Su creación se llevó a cabo poco después de que el primer gobierno democrático en casi dos décadas asumiera el poder, y fue parte de una serie de ambiciosas reformas destinadas a fortalecer la capacidad del sector público para atender las necesidades de la sociedad.

Es así que, en Chile, los instrumentos de MyE que se pusieron en funcionamiento antes del 2000 surgieron como iniciativas independientes entre sí. El primer mecanismo de MyE en crearse fueron las Metas Ministeriales de SEGPRES, en 1990. En 1994, la DIPRES lanzó sus Indicadores de Desempeño (ID), y los llamados Acuerdos de Modernización. En 1997, comenzó a llevar a cabo sus evaluaciones “de escritorio”, conocidas como Evaluaciones de Programas Gubernamentales (EPG), y en 1998, reemplazó los Acuerdos de Modernización por los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) y fusionó a los ID con estos últimos. En gran medida, cada nuevo mecanismo de MyE que se creó vino a complementar funciones que los mecanismos existentes ya estaban cumpliendo. Sin embargo, no eran considerados ni administrados como si fueran parte de un sistema propiamente dicho. El primer paso efectivo en esa dirección ocurrió después de que el gobierno del Presidente Lagos asumiera el poder en 2000.

Ese año, los mecanismos de MyE de la DIPRES se fusionaron bajo el recientemente establecido Sistema de Control de Gestión (SCG), que fue puesto bajo la dirección de una unidad creada específicamente para ese fin, conocida como la División de Control de Gestión (DCG). Desde entonces, el SCG incorporó otros tres mecanismos de MyE. En 2001, el sistema estableció el Fondo Central de Recursos para Prioridades Gubernamentales (FCRPG) y comenzó a llevar a cabo evaluaciones de impacto; y en 2002, realizó sus primeras Evaluaciones Comprehensivas del Gasto (ECGs). Además, algunos de estos mecanismos de MyE experimentaron distintos grados de refinamiento. Específicamente, en el año 2000, la División de Control de Gestión redefinió los PMGs y volvió a tratar a los IDs como un mecanismo aparte. Y en el año 2004, debido a una menor disponibilidad de recursos fiscales para financiar nuevos proyectos, reemplazó el FCRPG con un procedimiento similar, pero más simple y menos costoso, basado en la presentación de unos formularios conocidos como “Formatos Estándar/Recursos para Innovación y Expansión”.

E-DICEPS. 7. 4. Consideraciones sobre el SSPG.

7.4.1. Rol que el sistema debería cumplir en teoría
El SSPG fue concebido como un instrumento mediante el cual monitorear la concreción de los compromisos programáticos prioritarios de cada uno de los sectores de la administración pública central; permitiendo de esta manera, la formulación de un juicio de adecuación entre las promesas ministeriales y los logros efectivamente alcanzados. El sistema se definió como una “tecnología de software que permita monitorear en forma permanente y periódica, el cumplimiento de objetivos, integrar resultados de las distintas áreas de la actividad gubernamental, así como detectar y corregir las causas de posibles ineficiencias".

7.4.2. Rol del sistema en la práctica
Los entrevistados señalan que el propósito inicial del sistema se ha ido alcanzando, pero que es necesario aún expandir las premisas de la arquitectura del sistema especialmente aquella que lo señala como una herramienta de formulación de juicio político, con fines distintos a los generados por la DIPRES.

En todo caso, la existencia de evaluaciones trimestrales estaría permitiendo a la Secretaría de la Presidencia conocer anticipadamente los posibles rezagos en el cumplimiento de las metas comprometidas y, a partir de ello tomar las medidas adecuadas, con la instancia correspondiente, que permitan retomar el rumbo. En la práctica se ha verificado la falta de salvaguardas normativas que garanticen la adecuada conexión entre programa y presupuesto.

A pesar de no estar entre sus definiciones, los componentes del SSPG han sido adecuados a las necesidades internas de algunas entidades públicas que lo utilizan como un instrumento de planificación interna. Del mismo modo, en otros casos el sistema se ha incorporado al diseño de una matriz de evaluación micro para efectos de determinar los incentivos remuneracionales colectivos, con lo que se demuestra el grado de informalidad con que aún opera el sistema.

Las evaluaciones trimestrales han logrado abrir un periodo de negociación que apunta a identificar las causas de las desviaciones detectadas, a fin de que el SEGPRES y el Ministerio o entidad involucrada, convengan las medidas necesarias a ser implementadas para alcanzar los objetivos formulados.

La evaluación anual permite introducir correcciones de fondo al curso político del gobierno, al generar la opción de alterar el orden de las prioridades y fortalecimiento de los equipos ministeriales según las condiciones del momento. El Ministro o Jefe puede contar con una imagen sobre su desempeño e identificar las causas de posibles retrasos, las responsabilidades asociadas, y en consecuencia, tomar las decisiones que permitan corregir el estado de incumplimiento.

7.4.3. Rasgos básicos del SSPG
El SSPG es un sistema soportado en un software interactivo, que operan en Internet y permite ingresar información, procesarla y generar informes en línea. Surgió en reemplazo de las Metas Ministeriales. Cada Ministerio define los objetivos, las acciones, y los productos concretos, los que son monitoreados de manera periódica por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En el marco de este Sistema de Seguimiento, se han definido tres grandes áreas -infraestructura, social y económica- cada una de las cuales tiene un conjunto de políticas asociadas, con sus respectivos Ministerios responsables y los servicios públicos encargados de su ejecución.

7.4.4 El ciclo de evaluación del SSPG esta compuesto por 5 fases:

- Definición de objetivos y productos estratégicos de gobierno sectorializados y para el plazo de un año calendario
- Provisión de información sectorial
- Evaluación trimestral
- Negociación para corregir desviaciones
- Evaluación anual y rendimiento de cuentas

7.4.5. Cobertura
En 2004, 19 Ministerios (el total) y 109 servicios públicos adscritos del nivel central. Se está trabajando en la incorporación de los gobiernos regionales al Sistema

7.4.6. Fuentes para la formulación de la agenda programática

7.4.6.1. El programa de gobierno
La agenda programática se estructura a partir de los compromisos formulados en el programa de gobierno presentado por el Presidente de la República en el momento de las elecciones.

7.4.6.2. Mensaje Presidencial del 21 de mayo
La agenda programática suele ser ajustada en tiempo políticos y financieros, a través de las nuevas iniciativas planteadas por el Presidente de la República en su Mensaje al Congreso cada 21 de mayo, o se puede adecuar por la pérdida de prioridad de algunas promesas formuladas en el programa de gobierno original.

7.4.7. La Matriz de Seguimiento y Evaluación
El principal instrumento del SSPG es la "Matriz de Seguimiento y Evaluación" la que tiene la forma de una ficha en la que se introducen objetivos y productos estratégicos, el orden en las prioridades gubernamentales y los parámetros para determinar el estado de situación y realizar el seguimiento correspondiente.

7.4.8. Objetivos estratégicos
Lo que interesa determinar es lo que la entidad quiere lograr y no los esfuerzos internos requeridos para la obtención de dicho objetivo.
Del mismo modo, se requiere que el conjunto de objetivos estratégicos sea consecuente y conducente al logro de los objetivos ministeriales e institucionales.

7.4.9. Productos
7.4.9.1. Son los resultados concretos que se busca lograr mediante la acción programada durante el año. Estos productos son considerados "indicadores del cumplimiento de una acción especifica", razón por la cual deben apuntar a resultados y no a insumos. Los criterios definidos por el SEGPRES para la identificación de los productos son los siguientes:
- Relevancia
- Congruencia
- Precisión y objetividad
- Verificables

7.4.9.2. Junto a estos criterios de identificación de productos, se establecen los factores clave de éxito que permiten caracterizarlos y establecer conexiones con otras dimensiones relevantes de la acción gubernamental:
- Presupuesto
- Modificación legal
- Beneficiarios
- Compromiso transversal asociado al producto
- Localización regional
- Dimensión de género

7.4.10. Metodología del SSPG
La metodología del SSPG consta de los siguientes pasos

7.4.10.1. Definición de objetivos y productos estratégicos, el que a su vez esta dado por dos etapas:
7.4.10.1.1. El inicio del Gobierno.
El programa de gobierno esta compuesto por dos cuerpos: las bases programáticas y el programa mismo. El primero contiene especificaciones detalladas de análisis de los diversos ámbitos de actividad gubernamental, y el segundo precisa propuestas concretas de política pública del futuro gobierno.
Una vez que el nuevo gobierno asume el poder, analiza estos dos documentos junto al SEGPRES, y se identifican tres o cuatro prioridades por sector que presidirán el accionar ministerial durante el periodo presidencial.

7.4.10.1.2. Período posterior y conexión con el proceso presupuestario
Una vez aprobada la Ley de Presupuesto, cada uno de los ministerios debe adecuar su programación de trabajo anual, incorporando en caso de existir, las modificaciones derivadas de la aprobación del presupuesto como de redefiniciones de prioridades.

Por lo general los objetivos suelen permanecer invariables y lo que eventualmente varía es algún producto nuevo asociado a un nuevo programa. Si este fuese el caso, la adecuación se formula a partir de una matriz inicial enviada por la DCI a cada unidad usuaria, la cual debe ser ajustada de acuerdo a los criterios señalados anteriormente. La nueva programación definida, es incorporada al modulo de administración del SSPG, él cual es remitido a cada sectorialista de la DCI para su procesamiento, seguimiento y evaluación.

7.4.10.2. Provisión de información para el seguimiento
El sistema contempla cortes trimestrales, por lo que los ministerios y servicios deben generar información sobre el estado de avance de los respectivos compromisos. Dicha información es ingresada al sistema por parte del enlace ministerial y recepcionada por el analista de la DCI correspondiente.

7.4.10.3. Negociación de corrección de desviaciones
En la eventualidad de incumplimientos respecto de metas a alcanzar en un trimestre, los analistas de la DCI indagan acerca de las causas del retraso, a fin de convenir una estrategia para resolver la cuestión

7.4.10.4. Evaluación anual y rendición de cuentas
El objeto de evaluación son los productos estratégicos asociados a cada objetivo estratégico. La culminación del ciclo del SSPG opera a partir de la información trimestral remitida por los sectores y ellas son el principal insumo con que cuenta la DCI para efectuar la evaluación externa.

7.4.11. Logros SSPG
Las evaluaciones trimestrales han logrado abrir un periodo de negociación que apunta a identificar las causas de las desviaciones detectadas, a fin de que el SEGPRES y el Ministerio o entidad involucrada, convengan las medidas necesarias a ser implementadas para alcanzar los objetivos formulados.

La evaluación anual permite introducir correcciones de fondo al curso político del gobierno, al generar la opción de alterar el orden de las prioridades y fortalecimiento de los equipos ministeriales según las condiciones del momento.

El Ministro o Jefe puede contar con una imagen sobre su desempeño e identificar las causas de posibles retrasos, las responsabilidades asociadas, y en consecuencia, tomar las decisiones que permitan corregir el estado de incumplimiento.

7.4.12. Desafíos SSPG (Según entrevistas efectuadas en el año 2005)
Uno de los desafíos más relevantes identificados por los entrevistados es la necesidad de afinar la relación entre el seguimiento programático y la confección del presupuesto: no sólo para asociar el cumplimiento programático a incentivos más concretos, sino para que el presupuesto sea efectivamente la expresión del programa de gobierno. En esta materia, la principal recomendación ha sido la de institucionalizar, mediante un marco normativo claro y explícito, el trabajo conjunto de la Dirección de Presupuestos y la DCI.

Los administradores del sistema plantean la necesidad de instituir mecanismos de auditoría en el proceso de generación de información por parte de los usuarios del sistema. Hasta hoy la fidedignidad del sistema se sustenta en la buena fe, en la alerta de inconsistencia que arroja el conocimiento que el analista SEGPRES tenga del sector correspondiente y eventualmente, en el cruce de la información del SSPG con la información disponible en la DIPRES. Al respecto, se ha sugerido instaurar un sistema de auditoría aleatoria en combinación con uno focalizado, que permita contar con datos muestrales que reduzca las posibilidades de error en la información.

Otra recomendación tiene que ver con la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de la DCI, la cual habría visto “escapar” algunas competencias en los últimos años.

En materia de incorporación efectiva de una cultura de gestión orientada a resultados, algunos entrevistados sugirieron extender el uso del SSPG al interior de las organizaciones estatales como instrumento de planificación.

Finalmente, se planteó por algunos entrevistados la necesidad de abordar un modo de incluir a la ciudadanía en el proceso de evaluación de resultados, más allá del logro efectivo de los productos comprometidos. En otros términos, se plantea la necesidad de recoger la subjetividad de los ciudadanos respecto del cumplimiento de las promesas programáticas.

7.4.13. Lecciones SSPG.
El desarrollo de la experiencia de evaluación ha permitido hacer nítida la relación entre el seguimiento programático y el proceso presupuestario. Las características del SSPG y el hecho de ser un dispositivo diseñado en el contexto de un sistema de gobierno fuertemente presidencialista, plantea la necesidad de reducir las barreras puestas por un régimen de ciudadanía subordinada, expandiendo la inclusión del control ciudadano sobre la gestión pública y el desarrollo de mecanismos de responsabilización y rendición de cuentas.

El soporte informático del SSPG ha permitido demostrar la extraordinaria importancia de las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo institucional del sector público. El SSPG ha contribuido, desde una óptica distinta de la de los mecanismos de evaluación de la gestión pública de orden presupuestario, a la consolidación efectiva de una cultura de gestión orientada a resultados. El SSPG es un instrumento que permite y facilita la evaluación de la gestión a las máximas autoridades públicas.