E-DICEPS. 0. Presentación.

0.

Las tendencias hacia una mayor y creciente descentralización, del cual nuestro gobierno da claras muestras de haber asumido como una de las características centrales de sus realizaciones (tal como lo demuestra el reciente traspaso del sistema de protección social a las municipalidades del norte: ver www.mideplan.cl / noticias,19.02.07), han terminado por aceptarse en todo el mundo, como una de las condiciones estratégicas de las formas actuales de democracia y se han constituido en el foco de atención de todo un complejo sistema de organismos e instituciones que conjugan voluntad, recursos humanos y financiamiento para el desarrollo de estudios, metodologías, análisis y formas de implementación de esta re-forma que actúa como una clave central para avanzar en la constitución plena de sociedades de democracia avanzada: desarrolladas, equitables y basadas en derechos.

En efecto, producto de la globalización y de sus formas democráticas, las demandas por un desarrollo social equitable, acorde con necesidades imprevisibles que reflejan y actúan sobre un escenario mundial siempre cambiante y en consecuencia cada vez más complejo e incierto, hacen urgente el desarrollo de líneas teóricas y formas de acción que manifiesten una creciente flexibilidad y adaptabilidad. Ello a su vez, implica el desarrollo de personas y grupos que objetiven y sean capaces, de reflejar la condición de sus miradas, sobre la base participativa de la comprensión activa de sus contextos locales. De allí que el concepto de “autonomía”, aparezca también como una de las cualidades que deben conjugarse con la descentralización y ello, por cierto, implique el desarrollo de la capacidad de las personas a tomar decisiones oportunas, informadas y coherentes, a todos los niveles de su vida social.

En este contexto de búsqueda decidida de una creciente participación y avance de las sociedades democráticas hacia la equidad y la armonía, el rol de producir, distribuir, procesar y analizar la información a través de canales fluidos y efectivos de comunicación, que logren desplazar el centro unívoco de atención de los grandes poderes, aparece como un desafío central de la política pública contemporánea. Ello sería en rigor utópico, si no existiera la posibilidad de desarrollar de manera apropiada los nuevos dispositivos y herramientas tecnológicas de comunicación interactiva, de los que la humanidad se ha dotado en los últimos 30 años y que en nuestro país han hecho eclosión –de manera por demás sorprendente-, en los últimos 10 años.

Para dimensionar el impacto de las nuevas tecnologías, bástenos recordar tan solo que en 1998 había 150 mil conexiones a Internet y que al 2006 se cuentan cuatro millones, para no decir nada de los teléfonos celulares, que de caros productos para una reducida elite, hoy llegan a los 12 millones en el país, con uno de cada dos niños de edad escolar que lo posee. Sin duda que este hecho llama a convocar una reflexión activa e innovadora acerca de la mejor forma de utilizar estos recursos socialmente disponibles en beneficio de las personas y los intereses superiores del servicio público. Nuestro gobierno (los gobiernos democráticos: el ejercicio de poder de la Concertación) destaca con seriedad y constancia la comprensión que tiene de esta situación. Es así que más allá de la retórica, plasma con hechos constatables la dimensión estratégica que a esta dimensión otorga.

Si el Artículo 8 de la Nueva Constitución Política de la República (2005), determinaba el marco de importancia -y dotaba del mecanismo legal necesario para su materialización-, a la transparencia y la probidad de la función pública, el Instructivo Presidencial sobre "Transparencia Activa", del 04.12.2006, lo asume con realismo y precisión, objetivando el llamado histórico a constituir un Estado de las personas. Con este instructivo presidencial, la presidenta Bachelet, conjuga los principios teóricos con su aplicabilidad práctica y al dar muestras concretas del desarrollo creciente, de una estrategia, realiza un aporte no menor hacia la plena conformación de la Sociedad del Conocimiento. En efecto, dicho instructivo presidencial, dice: “La Transparencia Activa, esto es la publicidad de la información por parte de los organismos públicos, de propia iniciativa y sin necesidad de requerimiento alguno, permite acercar la información a las personas, garantizarles el acceso a ella por medios expeditos y gratuitos y dar mayor concreción al principio de transparencia”. En el punto 5 del siguiente trabajo entregamos estos antecedentes -a los cuales la presentación de este sitio responde como un eco-, con mayor detalle.

Las urgentes tareas de coordinar la interacción y dotar de contenidos adecuados, a un universo de actores socio-técnicos cada vez grande, en la medida que va incorporando en la sociedad el sentido de un Sistema de Protección Social de carácter Universal, que tiene por propósito la dotación efectiva de capacidades de gestión a las regiones y territorios y que al mismo tiempo debe ser capaz de desarrollar las visones estratégicas y prospectivas que permitan enfrentar en buenas condiciones las situaciones imprevisibles que caracterizan cada vez más el mundo global en que nos encontramos, hacen inequívocamente, que los grandes temas de la “transmisión” (más que de la comunicación, es decir de dotar de contenidos humanos a las redes tecnológicas: ver Régis Debray, “Introducción a la Mediología”. Paidos, Bs.Aires 2001) se encuentren llamados a ser el punto de convergencia de las necesidades humanas, las honestas voluntades políticas y las estrategias metodológicas que se requieran para solucionarlas.

Mideplan quien se encuentra a la vez a la cabeza y en el corazón de las Políticas Sociales en Protección Social, por cuanto la presidenta le ha otorgado la gran tarea de ser el ente institucional que diseña políticas, que las implementa y que posteriormente las pone en coordinación con el conjunto de los actores públicos para que se ejecuten y se plasmen directamente por aquellos organismos más especializados en cada una de las temáticas, será en consecuencia el coordinador, de las políticas que en esta perspectiva, defina el gabinete Social y que van a seguir siendo aplicadas desde los respectivos ministerios, que conforman los cuatro ejes de la protección social. De manera adicional Mideplan asume el rol de evaluación del impacto de lo que son las políticas públicas en materia de protección social. Esta nueva mirada, ya no desde el punto de vista de las carencias, sino que de las vulnerabilidades acerca de las condiciones de vida de una gran parte de nuestros compatriotas, se plasma por ejemplo, en un instrumento que permite medir la realidad de manera diferente de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Es así como entre este año y el próximo se aplicará la ficha de protección social cuyos resultados permitirán al país disponer de una sólida base de mediciones efectivas y ajustadas a las nuevas condiciones sociales, para focalizar recursos y diseñar las nuevas políticas públicas. En efecto, Mideplan tendrá un gran rol articulador de programas sociales que, sin ponerlo en el papel de ejecutor directo, tendrá la capacidad presupuestaria para ir asignando recursos para la ejecución de los diferentes programas que dicen relación con el sistema de protección social.

De esta manera, en el presente informe, que de acuerdo a los términos de referencia, llamamos Diseño Comprensivo de Estrategias en Protección Social (o E-DICEPS), hemos tratado de presentar algún material tomado de fuentes diversas, que aunque con distinto nivel de desarrollo analítico, permita sin embargo introducir la atención sobre temas que a nuestro parecer marcarán la agenda de los próximos años en la política Pública de Protección Social. De la suerte, hemos querido recoger la importancia de los siguientes temas: relaciones internacionales, rol creciente de la ciencia, redes electrónicas y sistemas de evaluación. Ajustando nuestra comprensión de las tendencias mundiales y los instrumentos constitucionales y mandatos presidenciales en vigor, a las capacidades de que disponemos, habilitamos un sitio web dónde este trabajo de 30 páginas se presenta (y esperamos continúe, según los avatares del suceder), y se pone a disposición de la subsecretaría, para lo que ella estime conveniente.

En la siguiente entrada el índice de materias, agrupadas según diferentes entradas.

RMH/

E-DICEPS. 1. Índice de contenidos.

Estudio - Diseño Comprensivo de Estrategias en Protección Social.
(E-DICEPS)

Rainer María Hauser.


Índice de contenidos.

1. Importancia de los procesos de globalización en el diseño de las políticas sociales.
1.1. Conocimiento y poder tecnocientífico en la democracia avanzada.

2. Gobernabilidad electrónica, definiciones y alcances.
2.1. Objetivos de la gobernabilidad electrónica.

3. El Gobierno Electrónico en Chile.
3.1. Políticas, planes y programas.
3.1.1. Organismos competentes en materia de Gobierno Electrónico en Chile.
3.1.2. Agenda de Gobierno Electrónico 2002-2005
3.1.3. Comité de Normas
3.1.4. Coordinador Gubernamental de TIC
3.2. Agenda Digital 2004-2006
3.3. Marco Legal de competencia.
3.4. Prioridades en la continuación de la estrategia de Gobierno Electrónico.

4. Consideraciones acerca de la Sociedad del Conocimiento e Internet.
4.1. La ciencia como un desarrollo en interés del público.
4.2. Iniciativas de acceso a material científico on-line.

5. Transparencia de la Gestión.
5.1. Gobierno Transparente
5.2. Un antecedente “ejemplar” a la “transparencia activa”

6. Notas sobre Monitoreo y Evaluación.

7. Por un “ayuda memoria” sobre M&E.
7. 1. Aspectos generales de Monitoreo y Evaluación (M&E)
7. 2. Marco organizacional y distribución de roles.
7.3. M&E en la función pública en Chile.
7. 4. Consideraciones sobre el SSPG.
7.5. Resumen M&E.



Santiago, febrero 2007.

E-DICEPS. 1.1. Conocimiento y poder...

1.1. Conocimiento y poder tecnocientífico en la democracia avanzada.

El conocimiento no sólo se ha convertido en una de las claves del desarrollo económico, sino que además contribuye al desarrollo humano y la autonomía (empoderamiento) de los individuos. En este sentido, mas allá de que el conocimiento aparezca como una fuente de poder desde los primeros momentos de la organización social humana, se presenta como una fuente de poder “virtual” por su capacidad de creación potencial de prevención y manejo de escenarios y porque alimenta la capacidad de acción de los grupos y las personas. El relativamente lento surgimiento de la conciencia de este hecho, así como la velocidad exponencial con que se ha empezado a postular el paso de la sociedad de la información –cuando aun no termina de instalarse…- hacia las sociedades del conocimiento, tal como lo plantea la UNESCO y otras organizaciones líderes dentro del concierto mundial, (www.wsis.org) ha llevado a una ampliación sin precedentes de las posibilidades de intervención y participación social de los individuos en las sociedades modernas, que así sea aún lejos de alcanzar el máximo sentido esperable de sus potencialidades, se plasma en primer lugar en la libertad del reconocimiento de instituciones democráticas abiertas a la participación de todos.

Desde los inicios de la historia de occidente, en la democracia ateniense, la capacidad (distintos tipos y facultades de ella) aparece como un elemento constitutivo de la ciudadanía. Así, la participación en las elecciones a lo largo de la historia –ya sea en un contexto censitario, o más o menos democrático, siempre tuvo como condición previa una determinada capacidad, cuya definición ha cambiado considerablemente con el tiempo y las circunstancias y que a no dudarlo, seguirá cambiando en los tiempos a venir. El sufragio universal que conocemos y practicamos, sólo se ha convertido en una realidad democrática efectiva con la generalización de la educación para todos y la definición de una mayoría de edad en la que los hombres y mujeres adquieren el derecho de voto, y plena posesión de sus derechos ciudadanos, ocurre en un período mucho mas reciente que lo que tendemos a pensar (y no nos referimos al reciente paso de la dictadura a la democracia). Por cierto, el que estos elementos puedan darse dentro de un contexto en el que los medios informativos sean libres e independientes, es de muchas maneras un logro al que dada su concentración en determinadas manos propietarias y situaciones monopólicas de facto, es una tarea que no hemos realizado como sociedad, pero a la cual seguiremos abocados. Los aspectos relativos a la difusión científica y a la fusión cada vez mayor de lo académico y lo político en el seno de las administraciones contemporáneas, encuentran sin duda un importante apoyo en el desarrollo de las TIC´s y particularmente de Internet, que seguirán modificando nuestros hábitos y en brindando posibilidades a la difusión del conocimiento, que, como decimos, es, ha sido y seguramente seguirá siendo cada vez más, una condición necesaria y un componente esencial en el diseño, orientación y desarrollo de las posiciones políticas en el espacio social público y la entrega de servicio con vistas al bien común de los grupos y las personas, cualquiera que sea su condición.

Aunque parezca una paradoja, por otra parte, si el conocimiento es la condición que permite identificar la capacidad de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones en una sociedad democrática, también será necesario estar atento a que las disparidades de conocimientos entre los ciudadanos de una misma democracia no conduzcan a otorgar a los que más conocimientos poseen una autoridad excesiva en el debate público. También hay que desarrollar los mecanismos de participación evaluativa necesarios para que la coincidencia histórica de las sociedades del conocimiento y de los regímenes democráticos no desemboque en un poder tutelar conferido a un círculo reducido de expertos y especialistas en asuntos públicos, como de alguna manera lo hemos visto en distintas manifestaciones recientes del ejercicio y como genéricamente se atribuye al funcionamiento de la llamada “tecnocracia”. En efecto, la autoridad de un experto dista mucho de ser siempre legítima, sobre todo cuando se aventura fuera de su ámbito de especialización y pretende ejercer un magisterio moral sobre cuestiones públicas que muy a menudo guardan relación con las preferencias colectivas y exigen acuerdos comunes de otro orden y de acuerdo a criterios de especificidad que no formaban parte de la situación de origen a la que remite el cargo y la investidura.

Una de las principales fuentes de la aparentemente creciente falta de participación social, ha sido reconocida en la generalizada sospecha de que las decisiones reales se adoptan fuera del espacio público, en función de las posiciones de distintos grupos de interés próximos a las distintas manifestaciones del poder y que en consecuencia el debate democrático sólo es una práctica puramente formal. Esta situación, en la situación de inflexión social que parece enfrentarnos a la historia, permite preguntarse si en las sociedades del conocimiento, el manejo adecuado de las fuentes de información y conocimiento, así como de los mecanismos instrumentales que permiten la generalización de las competencias técnicas, no será a su vez, el medio para impedir los abusos de poder de “expertos” y la fuerza de los grupos de presión, ya que cuando todo individuo posee el conocimiento suficiente que le permite ser capaz de evaluar el campo de especialidad y la autoridad relativa de los conocimientos técnicos de los expertos, éstos por una parte se verán “liberados” de la presión continua de tener que responder a cuestiones que no manejan, pero que se ven llevados a asumir y por la otra, cuando decidan entregar sus recomendaciones, estarán obligados a rendir cuentas al público de las repercusiones y resultados de sus recomendaciones en las decisiones colectivas, por cuanto, junto al desarrollo de las capacidades del conocimiento, se habrán desarrollado las herramientas tecnológicas que permitirán a la vez formarlo y darle continuidad.

De esta manera, es también una posibilidad abierta al futuro de nuestros desarrollos humanos, el que el desarrollo de las sociedades del conocimiento, abra camino a nuevas formas y distintos estilos de democracia más participativa, dónde las modalidades de interacción y los códigos protagónicos de su reformulación entre los distintos actores socio-técnicos, pudieran adquirir una influencia determinante, que no necesariamente habría de poner en tela de juicio las modalidades actualmente en vigor de designación de los legisladores y dirigentes y en consecuencia la legitimidad representativa que poseen en tanto pilar constitucional de las instituciones democráticas. En efecto, se trataría de conjugar las condiciones de una práctica que aparece como sólidamente respaldada por los imaginarios sociales de los colectivos y las modalidades investigativas que dieran cuenta de la utilización innovativa de las nuevas herramientas tecnológicas que la particular fusión de ciencia y tecnología producida en nuestros días, ha puesto al alcance de una cantidad enorme de personas, como una situación de transición hacia niveles crecientes -aunque eventualmente diferentes, en razón de transformaciones cualitativas-, de articulación de mecanismos conocidos y no (aún) de participación y control, pero que se dejan entrever en las posibilidades que presenta a la humanidad el desarrollo de los sistemas que utilizamos en ámbitos diferentes, pero que manifiestan cada vez más como evidencia intrínseca, su característica de convergencia.

Las condiciones de ejercicio de la “democracia técnica”, el contexto de inevitable internacionalización en que se desarrollan aún sus manifestaciones internas, así como la necesidad de hacer coincidir las opiniones de la diversidad de expertos correspondientes a los temas convergentes, para la toma de posiciones, hace que sea una característica de los “foros” (modalidad hegemónica actual de instancia de diseño de políticas y acuerdos sobre toma de decisiones), el que se presente una abigarrada heterogeneidad de protagonistas en discusiones sobre cuestiones de carácter técnico o científico y que sus resultados, aparezcan como fuente preferencial de apoyo a determinadas decisiones políticas, que en esas instancias se sustenten. La complejidad de los temas, desarrollados acumulativamente desde el siglo pasado y exponencialmente por el fermento de la tecnología de la información, encuentra en la convergencia práctica de otros saberes un escenario en el que cada vez más y hasta niveles actualmente inimaginables, la formación y el desempeño de las actividades diferenciadas que caracterizaron la ciencia “cartesiana”, se verán sustituidos por nuevas modalidades de generación colectiva de conocimientos y en los que en cada una de sus expresiones se hace cada vez mas difícil determinar si se tratará de las condiciones científicas de lo político o de las condiciones políticas de lo científico. Con el desarrollo –ya presente- de las sociedades del conocimiento, los grandes debates de política científica, requerirán de la acabada formación de un nuevo tipo de “expertos-inexpertos”, que puedan manejar la data necesaria a la comprensión de los puntos de fuga, más que abrigarse con el escudo protector de sus certezas disciplinarias. No es otra cosa lo que vemos cuando se discute de biotecnología, temas de propiedad intelectual (TRIPS), bioética, Organismos Genéticamente Modificados (OGM), nanotecnologías, etc., en los foros coinciden una amplia gama de participantes de distintos niveles, oficiales y no, expertos, políticos, organizaciones no gubernamentales, medios informativos, empresas y ciudadanos, que expresan enfoques y sostienen posiciones distintas, que se continúan más allá de esas instancias, para ir enraizándose de distintas maneras y cobrando fuerza en los distintos contextos sociales de sus proveniencias, pero que encuentran la repercusión de su práctica en la hasta hace poco inimaginable concepción sistémica (y en rigor metafísica), de un planeta dónde cada hecho está relacionado con la totalidad y donde cada persona es responsable de todos. El paradigma de ello, por cierto es la importancia creciente que adquiere en los distintos temas, el tratamiento de los temas medio ambientales. Un ejemplo tan duro como reciente de ello, es la difusión de los resultados de la investigación llevada a cabo durante seis años por distintos grupos de expertos, realizada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, de las UN en febrero en París. (IPCC/ Summary for Policymakers, en LINC: www.siischilesolidario.blogspot.com)

Sin duda que estas condiciones del “Mind-Set” contemporáneo, posibilitan nuevas formas de participación colectiva en las tareas de construcción de un efectivo Sistema de Protección Social Universal en nuestro país, que permita convocar la reflexión científica en investigaciones que aporten sustantivamente al logro de sus tareas estratégicas, así como facultan a sus autoridades a liderar el llamado a un ejercicio responsable de un conocimiento científico que para ser sustentable, no puede menos que destinar parte importante de sus esfuerzos y potenciales a la investigación aplicada en formas concretas y operativas de resolver los problemas de inequidad que enfrentamos como país, al tiempo que se implementan estrategias de difusión social de las nuevas condiciones que reconfiguran el espacio social. Mideplan, particularmente, en su rol de coordinador de la política Social, habría de sugerir a la autoridad el diseño un programa que permitiera destinar obligatoriamente un porcentaje significativo del presupuesto de la “iniciativa científica programa Millenium”, a investigación aplicada en energías alternativas sustentables directamente relacionadas con los temas de superación de la pobreza. De la misma manera, habría de ser convocada una efectiva participación productiva del Estado en la solución de los temas de la pobreza, que hiciera sustentable en el tiempo la promoción iniciada con el programa Chile Solidario y que en el estado actual, no garantiza realmente ninguna inserción efectiva y permanente en la vida social productiva, de las familias que terminen el período de asistencia y “seguimiento”. Las propuestas del subsidio hechas por la “comisión Marcel”, deben haberlo así entendido.

1.2. Finalmente, una mirada crítica sobre las enormes concentraciones y tendencias monopólicas de los nuevos “imperios” tecnocientíficos contemporáneos, así como de propuestas de acción y sugerencias a la sociedad civil y los gobiernos en el sitio www.etcgroup.org

E-DICEPS. 2. Gobernabilidad electrónica. 2.1. Objetivos

2. Gobernabilidad electrónica, definiciones y alcances.

La gobernabilidad electrónica se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado. De esta manera, se trata de estimular la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, haciendo que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz.
La gobernabilidad electrónica implica nuevos estilos de dirección, nuevas formas de debatir y decidir políticas e inversiones, nuevas maneras de escuchar a los ciudadanos y de organizar y proporcionar información y servicios.

La gobernabilidad se refiere al ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país, incluyendo la expresión por parte de los ciudadanos de sus intereses y el ejercicio de sus derechos legales y obligaciones. La gobernabilidad electrónica se puede entender como la capacidad de esta gobernabilidad, a través del medio electrónico, de facilitar un proceso de diseminación de la información eficaz, rápido y transparente para el público y otras agencias, y para desarrollar actividades administrativas eficaces por parte del gobierno.

La gobernabilidad electrónica es considerada generalmente como un concepto más amplio que el de gobierno electrónico, ya que puede traer consigo un cambio en la manera en como los ciudadanos se relacionan con el gobierno y entre ellos. La idea de adoptar las TIC es para ir más allá que la información pasiva dada hasta ahora para activar la participación en el proceso de toma de decisiones. La gobernabilidad electrónica puede presentar nuevos conceptos de ciudadanía, tanto refiriéndose a las necesidades del ciudadano como a sus responsabilidades. Su objetivo es comprometer, capacitar y dar poder al ciudadano.

2.1. Objetivos de la gobernabilidad electrónica.
Mejorar la organización de los procesos internos de los gobiernos.
Proporcionar mejor información y un mejor servicio.
Acrecentar la transparencia gubernamental para reducir la corrupción.
Reforzar la credibilidad política y la responsabilidad.
Promover prácticas democráticas a través de la participación y la consulta del público.

E-DICEPS. 3. Gobierno Electrónico en Chile

3. El Gobierno Electrónico en Chile.

En nuestro país, el principio estratégico que consolida la concepción genérica de la incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión gubernamental, como condición necesaria del proceso de modernización y establece los mandamientos para llevarlo a cabo, a través de su aplicación y desarrollo, remonta al año 2001. Aunque ha sufrido algunos cambios en su aplicación y desarrollo y su período actual se encuentra de alguna manera “inmovilizado” en desarrollos internos que nos son desconocidos, sin que haya un relanzamiento que exprese la clara voluntad política de continuar con el planteamiento inicial y desarrollar una Agenda Digital que se prolongue hasta el bicentenario (información disponible y “actualizada” en www.modernización.cl) Es pertinente recordar los lineamientos generales del proceso que precede, tanto por la calidad de su diseño, como por el inevitable impacto que ha producido en nuestra forma de hacer las cosas y porque a no dudarlo, continuará siendo el referente histórico de los desarrollos posteriores que habrán de producirse. Diversas organizaciones internacionales, como el CLAD y el SIARE, por ejemplo, así como estudios y documentos elaborados por los organismos involucrados con el seguimiento de las condiciones de la Cumbre Mundial de la Información (CMSI), ITU, PNUD, etc., y de acuerdo al establecimiento de índices comparativos y matrices de desempeño, han destacado por otra parte, la calidad de los procesos y resultados desarrollados en este ámbito en nuestro país, situándolo por ello en el primer lugar del desarrollo continental, y en el de un muy honroso puesto 27 entre las naciones del mundo. (Ver entre otros, el informe de Desarrollo Humano 2006 del PNUD y el informe elaborado en el Foro de e-Gobierno OEA 2004, por el foro de Políticas y Planes de e-Gobierno).

E-DICEPS. 3.1. (GE) Políticas, planes y programas.

3.1. Políticas, planes y programas.

A través del Instructivo Presidencial de Gobierno Electrónico, del 11 de mayo de 2001, el entonces Presidente Ricardo Lagos plantea los lineamientos que el gobierno de Chile habrá de implementar, en materia de Gobierno Electrónico.

El documento apunta a impactar en los siguientes ámbitos de acción social:
a) Atención al Ciudadano.
Busca establecer nuevas formas de relación entre el gobierno y el ciudadano, la empresa y el inversionista, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TICs), procurando prestar los servicios estatales con mayor eficiencia, eficacia y cobertura, con independencia del lugar físico.
b) Buen Gobierno.
Introducir nuevas formas y procesos internos en la Administración del Estado, que permitan integrar los diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión interna de los mismos.
c) Desarrollo de la Democracia.
Crear mecanismos que, usando TICs, permitan al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios y formas de participación.

De la misma manera, en el Instructivo Presidencial (del 11/05/2001), se plantean los siguientes principios orientadores que debe cumplir el gobierno electrónico chileno:

1. Supone transformar y modificar de manera sustantiva de los procedimientos actuales en uso en la Administración Pública.
2. Espera estar al alcance de todos, es decir, asegurar el acceso de todos los ciudadanos a las prestaciones electrónicas, considerando las dimensiones sociales (quiénes acceden), geográficas (dónde accede) y temporales (cuándo accede).
3. Que sea fácil de usar, es decir, que su uso sea simple y claro.
4. Que otorgue un mayor beneficio, en el sentido que los beneficios obtenidos a través de la prestación electrónica, deben superar a los obtenidos con modalidad presencial.
5. Que su implementación permita garantizar y disponer de mecanismos adecuados para asegurar privacidad y seguridad en el acceso, registro, uso y transacción de información.
6. Que permita asegurar la asignación de un rol activo al sector privado, a través de la implementación de procesos abiertos y competitivos.
7. Permitirá la desconcentración, delegando en los Servicios Públicos la administración, manutención y actualización de las TI, asegurando la interoperabilidad recíproca.
8. Desarrollará la competencia electrónica al interior del Estado, al delegar en los Servicios Públicos las adaptaciones requeridas para que las transacciones puedan ser efectuadas desde cualquier lugar del país.

3.1.1. Organismos competentes en materia de Gobierno Electrónico en Chile.
Para llevar a cabo este mandato de desarrollo del gobierno electrónico, se facultó a través de este instructivo, con asignación de funciones específicas para cada uno de ellos, al Ministerio Secretaría General de Gobierno, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). Proyecto Reforma y Modernización del Estado (PRYME)
Ministerio de Economía (MINECON). Subsecretaría de Economía (Coordinación Gubernamental de TIC)
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), Programa Nacional de Infocentros
(Cabe consignar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participó, a través de un préstamo, en el desarrollo del Proyecto Reforma y Modernización del Estado (PRYME) y en el de su componente de Gobierno Electrónico, así como en otros proyectos de apoyo, lo mismo que el Banco Mundial).

3.1.2. Agenda de Gobierno Electrónico 2002-2005
Con base en las orientaciones del Instructivo Presidencial sobre Gobierno Electrónico (11/05/2001), la Agenda de Gobierno Electrónico 2002-2005 presenta proyectos y programas de modernización tecnológica para ser desarrollados por las instituciones públicas durante el período 2002-2005.

3.1.3. Comité de Normas
En el año 2002 se creó el Comité de Normas, encargado de asesorar al Presidente de la República en la fijación de normas para la interoperabilidad del documento electrónico. Durante su existencia, se promulgaron tres decretos supremos que norman aspectos básicos de la implementación de tecnología al interior del aparato gubernamental.

3.1.4. Coordinador Gubernamental de TIC
En marzo de 2003, se creó la figura del Coordinador Gubernamental de TIC con la tarea específica de ordenar y facilitar el desarrollo de las TIC en el país. Este cargo generó la suficiente fuerza para alinear, en conjunto con el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME), la estrategia de Gobierno Electrónico, así como para aglutinar los esfuerzos de aquellas instituciones que iniciaron su desarrollo en materia de TICs. De igual manera, dicha figura permitió priorizar las iniciativas de mayor impacto y su consecuente desarrollo en distintas instituciones públicas.

3.1.5. Directorio de Gobierno Electrónico
Durante el mismo año 2003 se constituyó el Directorio de Gobierno Electrónico, (estando la coordinación del Directorio a cargo del PRYME), con objeto de fortalecer la capacidad de coordinación en los proyectos transversales de Gobierno Electrónico y de actuar como órgano consultivo en materias vinculadas. Asimismo, dicho Directorio formuló recomendaciones sobre el desarrollo de proyectos transversales de la Agenda de Gobierno Electrónico y de la Agenda Digital en los ámbitos de Estado en Línea y Desarrollo Digital de las Empresas.

El Directorio está compuesto por el Coordinador Gubernamental de TIC, la Dirección Ejecutiva del PRYME, jefes de Servicios Públicos destacados en la incorporación de TICs en sus ámbitos de actuación, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Instituto de Normalización Provisional, Servicio de Registro Civil e Identificación, Chile compra, y otros.

Las líneas de acción que el Directorio estableció se dirigen a operar la transición desde un Gobierno Electrónico informativo a uno transaccional, adoptando las siguientes prioridades:
- Consolidar la implementación y el uso de trámites y servicios en línea de impacto masivo y alta calidad.
- Definir normas y estándares que faciliten la interoperabilidad entre los Servicios Públicos.
- Promover el uso de mecanismos de seguridad en la plataforma de hardware y software.
- Acompañar el desarrollo de los proyectos transversales y de alto impacto.
- Promover, vía implementación de proyectos focalizados, el desarrollo del Gobierno Electrónico en el sector salud, gobiernos regionales y municipios.

Uno de los principales productos del Directorio fue la formulación de la Agenda de Gobierno Electrónico, así como de los proyectos de Gobierno Electrónico contemplados en la Agenda Digital.

E-DICEPS. 3.2. AD/ 3.3.Marco Legal/ 3.4.Prioridades

3.2. Agenda Digital 2004-2006

La Agenda Digital (AD) fue el resultado de un trabajo iniciado en abril de 2003 y presentado en Febrero de 2004. Para su desarrollo se constituyo el Grupo de Acción Digital (GAD) presidido por el Coordinador Gubernamental de TIC e integrado por delegados de instituciones gubernamentales, de organizaciones representativas del ámbito empresarial, del sector académico y de otros poderes del Estado. A través de este espacio do concertación se logró un amplio acuerdo público-privado acerca de una estrategia-país con horizonte en la celebración del Bicentenario en 2010, así como un Plan de Acción para el período 2004-2006, que contempla 34 iniciativas. Anotemos que en el ámbito específico de la protección Social, la Plataforma Tecnológica del SiiS, constituye la Iniciativa 13 del conjunto.

El PRYME, a través de la Agenda de Gobierno Electrónico 2002-2005, trazó los planes, programas y actividades por realizar en estas materias durante los siguientes años, consolidando los esfuerzos desplegados y ampliando las posibilidades de avance tecnológico hacia el futuro. Para facilitar la presentación de cada iniciativa e identificar con precisión las dimensiones en ellas comprendidas, el PRYME las clasificó en las siguientes categorías:

1. Proyectos Transversales
Se trata de proyectos que incluyen a diversos Servicios Públicos, tanto en términos de su implementación como de la utilización de sus productos (Intranet, portal de compras, ventanilla única de trámites y servicios, Servicio Nacional de Información Territorial).
2. Proyectos Sectoriales de Alto Impacto
Son aquellos dirigidos a sectores particulares de la ciudadanía con alto potencial de uso y/u operación del recurso tecnológico (factura electrónica).
3. Proyectos Sectoriales de Impacto Focalizado
Esta categoría contempla las múltiples iniciativas y proyectos que diversos Servicios Públicos han incorporado a sus agendas de trabajo, en acuerdo a sus propios ámbitos de acción y considerando el instructivo presidencial.
4. Proyectos y Acciones de Apoyo PRYME
Iniciativas y líneas de acción específicas, orientadas a potenciar transversalmente el desarrollo del GE de la administración del Estado (promoción y uso del documento y firma digital, interoperabilidad de los sistemas de información de los servicios públicos, diseño de ventanillas únicas).
5. Proyectos de Soporte
Conjunto de iniciativas tendientes a apoyar el desarrollo de los proyectos de Gobierno Electrónico en su conjunto, a través de la creación de plataformas de servicios comunes y estándares que favorezcan la articulación, el intercambio de experiencias y la entrega de información (definición de indicadores de logro, apoyo comunicacional a los proyectos de Gobierno Electrónico).

3.3. Marco Legal de competencia.

3.3.1. Transacciones electrónicas (firma digital y electrónica, documento electrónico, certificación digital, contratación electrónica, pago electrónico)
- Ley General de Telecomunicaciones (Nº 18.168) del 02/10/1982, modificada por Ley Nº 19.277 del 20/01/1994, Ley Nº 19.302 del 10/03/1994 y Ley Nº 19.605 del 26/01/1999.
- Instructivo Presidencial para el desarrollo del Gobierno Electrónico del 11/05/2001 (Oficio Nº 005).
Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma (Ley Nº 19.799) promulgada el 25/03/2002, que regula los documentos electrónicos y sus efectos legales, la utilización en ellos de firma digital, la prestación de servicios de certificación de estas firmas y el procedimiento de acreditación al que podrán sujetarse los prestadores de dicho servicio de certificación, con el objeto de garantizar la seguridad en su uso.
- Ley Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (Ley Nº 19.886) promulgada el 30/07/2003.
- Tratado de Libre Comercio: Chile-EE.UU. (Capítulo 15: Comercio Electrónico) suscrito el 06/06/2003.
- Decreto Nº 81 del 09/07/2002 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
- Decreto Nº 181 del 2002, Reglamento de la ley de documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación.
- Decreto Supremo Nº 77 del 03/06/2004, Norma técnica sobre eficiencia de las comunicaciones electrónicas entre órganos de la administración del Estado y entre éstos y los ciudadanos (con base en la ordenanza del artículo 54 del reglamento de la Ley 19.799).
- Decreto Supremo Nº 81 del 03/06/2004, Norma técnica para los órganos de la administración del Estado sobre interoperabilidad de documentos electrónicos.
- Dictamen Nº 4941 del 2004, sobre certificación de firma electrónica de los servicios públicos.
- Instructivo Presidencial sobre la Aplicación de Procedimientos Electrónicos del 30/03/2004, (Oficio Nº 341). Mediante este instructivo, se dictaminó que, a partir de mayo del 2004, todos los servicios deberían incorporar la capacidad de recibir facturas electrónicas; solicitar a los profesionales con los que se vinculan contractualmente boletas electrónicas de honorarios y efectuar las cotizaciones previsionales por Internet.
- Instructivo Presidencial sobre la implementación y uso de la Firma Electrónica en la Administración Central del Estado del 10/06/2004 (Oficio Nº 006), imparte instrucciones sobre la implementación de la firma electrónica en los actos, contratos y cualquier tipo de documento en la Administración del Estado.

3.3.2. Acceso a la información administrativa (o acceso a la información pública).
- Ley Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (Ley 19.880), promulgada el 22/05/2003 y entró en vigencia el 29/05/2003. Norma los plazos máximos para la realización de actos administrativos, incorporando principios de celeridad, de economía procedimental, de no-formalización e inexcusabilidad. Igualmente, establece el derecho del ciudadano a conocer el estado de tramitación de los procedimientos de su interés, así como de eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento o que se encuentren en poder de la Administración.

3.3.3. Privacidad, seguridad de datos, habeas data.
- Ley Nº 19.223 (promulgada 28/05/1993, B.O. 07/06/1993): tipifica delitos informáticos.
- Ley Nº 19.628 (B.O. 28/08/1999): Sobre la protección de la vida privada.
- Ley Nº 19.812 (B.O. 13/06/2002): modifica la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada.
- Ley Nº 19.880 (B.O.29/05/2003): bases y procedimientos administrativos, se refiere a acceso a información personal y privacidad.
- Decreto Nº 779 (2000), Ministerio de Justicia: reglamento del registro de bancos de datos personales a cargo de organismos públicos.
- Decreto Nº 26 (2001), Ministerio Secretaría General de la Presidencia: reglamento sobre el secreto o reserva de los actos y documentos de la administración del Estado.
- Decreto Supremo Nº 83 del 03/062004, Aprueba norma técnica para los órganos de la administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos.

Anotemos finalmente, que respecto a la normativa legal del Gobierno Digital, actualmente se encuentran en proceso de realización, diferentes estudios legales que –llevados a cabo de manera independiente por los organismos e instituciones competentes, pretenden resolver el problema del cruce efectivo de bases de datos (interoperabilidad) y utilización de la información disponible on-line por los distintos servicios y personas, de acuerdo al criterio de actualización y aplicación práctica de los principios legales vigentes, en un ámbito de acción como el presente digital, que dada su muy reciente incorporación al ámbito social, carece de todas las precisiones y garantías legales necesarias, siendo un campo de atención preferente y en pleno desarrollo. Destacamos los estudios jurídicos que en nuestro conocimiento se están llevando a cabo de manera simultánea en la Plataforma Tecnológica del Gobierno y en MIDEPLAN, en la Plataforma Tecnológica del SIIS.

3.4. Prioridades en la continuación de la estrategia de Gobierno Electrónico.

En el libro Gobierno Electrónico en Chile 2005, Estado del Arte II (PRYME, Editor: Álvaro Vásquez (con participación nuestra en la revisión del área concerniente a la Protección Social y de los avances de la Plataforma Tecnológica del SiiS: Iniciativa 13 de la AD), se plantean cinco desafíos, con sugerencia de respectivas líneas de acción, para el avance del Gobierno Electrónico. Dichos desafíos son:
3.4.1). Desarrollar y mejorar los mecanismos de incentivos al mayor uso de la oferta de servicios públicos electrónicos existentes. En este sentido es posible identificar las siguientes líneas de mejora:
1.1. Preparar a las instituciones y servicios gubernamentales para los cambios que deberán enfrentarse en la etapa de masificación de los servicios electrónicos.
1.2. Mejorar la usabilidad en la oferta individual de servicios electrónicos de cada uno de los sitios Web.
1.3. Desarrollar incentivos a través de mecanismos que potencien el uso de la oferta electrónica por sobre los canales tradicionales.
1.4. Llevar a cabo una estrategia de difusión para ampliar el conocimiento de la oferta existente y los beneficios ofrecidos por este canal.

3.4.2). Desarrollar y utilizar un enfoque integrador de evaluación de las iniciativas de Gobierno Electrónico, que dé cuenta del valor público que ellas pueden aportar, en particular:
2.1. Desarrollar un Observatorio de Gobierno Electrónico, que permita disponer de la información y seguimiento necesario de las iniciativas en esta materia.
2.2. Establecer marcos de evaluación, seguimiento y post evaluación de los proyectos o iniciativas que se desarrollan en este ámbito, de manera de establecer el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
2.3. Conformar los estándares de información necesarios para la evaluación, de manera tal de disponer y utilizar información comparable en calidad y cantidad.
2.4. Fomentar una mirada de valor público en el desarrollo de Gobierno Electrónico, así como el concepto de un Estado en red, que contribuyan a comprender y valorar cabalmente los impactos generados por este tipo de iniciativas.

3.4.3). Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Electrónico, para incorporar las iniciativas que correspondan a él, como un eje del desarrollo del quehacer de Gobierno.
3.1. Establecer un modelo de institucionalidad más robusto con capacidades de acción transversal, con algunas atribuciones de asignación presupuestaria y de implantación y seguimiento de proyectos.
3.2. Mejorar los procesos de financiamiento de las principales iniciativas de Gobierno Electrónico, identificando prioridades y exigencias de resultados concretos más allá de llevar a cabo el proyecto.
3.3. Desarrollar una clara asignación de responsabilidades y ámbitos, especialmente en el desarrollo y ejecución de las iniciativas, así como en su control y evaluación.

3.4.4.). Desarrollar un Gobierno Electrónico más integrado y participativo, con servicios de calidad, creciente transparencia y foco de atención en los ciudadanos. Para ello será necesario:
4.1. Homogenizar el desarrollo del Gobierno Electrónico en los servicios públicos, a través de una consolidación de las áreas de TIC y sus procesos como herramientas transformadoras del quehacer público, estableciendo metas en materia de desarrollos tecnológicos y nivelando las competencias necesarias.
4.2. Integrar los servicios electrónicos prestados por los Servicios Públicos, permitiendo unificar puntos de contacto orientados al proceso y construyendo una fuerte colaboración recíproca entre los mismos (Interoperabilidad).
4.3. Desarrollar mecanismos de participación ciudadana a través de medios electrónicos, que permitan integrar a los ciudadanos en los procesos de decisión, fiscalización y gobernabilidad.
4.4. Construir un modelo de desarrollo coordinado entre las diversas instituciones, de manera de asegurar que el foco de las necesidades de las empresas, ciudadanos y servicios en línea estén estructurados y conducidos en forma concordante.

3.4.5.) Avanzar en el desarrollo del Gobierno Electrónico Regional y Local. Para ello será necesario:
5.1. Desarrollar un avance en términos de soluciones que lleguen a los diversos ciudadanos y empresas en todo el país.
5.2. Construir una integración de carácter vertical que permita llevar a cabo la coordinación entre los niveles centrales y locales.
5.3. Desarrollar una gestión territorial, integrando a nivel local los diferentes servicios ofrecidos a nivel central con las necesidades y recursos disponibles en términos de los municipios y gobiernos regionales.